Desde hace años he sostenido —guardando siempre las proporciones— que la piratería es más difícil de combatir que los delitos contra la salud. No porque falten leyes, autoridades o diagnósticos, sino por una razón mucho más compleja: la piratería goza de una preocupante aceptación social. Para una parte importante de los mexicanos, comprar piratería no es realmente un delito; es, en el mejor de los casos, algo inofensivo y, en el peor, una conducta que se justifica por la falta de acceso económico a los productos originales.
La narrativa es conocida y reiterada. La piratería permite adquirir bienes que, de otra manera, estarían fuera del alcance del bolsillo. Se trata, además, de bienes que en la gran mayoría de los casos no son vitales: es indispensable vestirnos y calzarnos, pero ello no implica que unos tenis deban ser necesariamente de determinada marca. Aun así —se dice— no se afecta a nadie: no hay una víctima visible, no hay violencia aparente, no hay daño inmediato. Así, la piratería se normaliza como una conducta tolerada, casi invisible, arraigada en lo cotidiano.
Sin embargo, un reciente reporte conjunto de la OCDE y la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) obliga a replantear esta percepción. El estudio demuestra que la piratería no es únicamente un problema de pérdidas económicas y crimen organizado. Es, además, un fenómeno estrechamente vinculado con la explotación laboral, el trabajo infantil y las condiciones de trabajo inseguras.
El informe estima que el comercio mundial de productos falsificados alcanza hasta 467 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, lo verdaderamente relevante es la correlación sistemática entre la intensidad del comercio de piratería y la debilidad de las condiciones laborales. Los países señalados con mayor frecuencia como origen de mercancía pirata presentan mayores niveles de explotación y menor protección laboral.
El propio estudio lo confirma con datos claros. El trabajo forzado sigue apareciendo directamente asociado a la piratería. Dicho de forma sencilla: donde es más fácil explotar a los trabajadores, también es más fácil y rentable producir y mover mercancía falsificada. La explotación laboral no es un daño colateral; es parte del modelo de negocio de las redes criminales.
Desde hace años, se sabe que detrás de muchos productos falsificados hay talleres clandestinos con trabajadores en condiciones informales, sin contrato ni medidas mínimas de seguridad, e incluso menores de edad ensamblando mercancía pirata. En más de una ocasión, estas actividades se cruzan directamente con la trata de personas, aprovechando las mismas estructuras criminales.
En México, esta dimensión del problema no ha sido explorada. El debate público y las políticas de combate a la piratería se han concentrado, con razón, en su impacto económico y en su vínculo con el crimen organizado; el componente laboral ha quedado al margen. Es cierto que, en el caso de la piratería física, la manufactura nacional ha disminuido: hoy la mayor parte de los productos falsificados proviene de Asia y lo que aún se llega a fabricar en el país suele ser de muy baja calidad. Pero ello no debe llevarnos a ignorar la explotación laboral —incluida la infantil— que persiste en las etapas de distribución y comercialización, visible en los propios puestos callejeros de piratería.
Todo lo anterior, al igual que el vínculo entre la piratería y el crimen organizado, desmonta la idea de que se trata de un delito sin víctima. En este terreno, las víctimas son los trabajadores, mismos que rara vez se ven atrapados en economías paralelas que prosperan gracias a la indiferencia social y a la debilidad institucional. Por ello, combatir la piratería únicamente con operativos resulta claramente insuficiente.
El mensaje del reporte es claro. Si se quiere debilitar al comercio ilícito, resulta indispensable integrar la dimensión laboral en las estrategias de concientización y combate a la piratería. Coordinar a las autoridades de propiedad intelectual, aduaneras, laborales y de procuración de justicia, y atender las condiciones estructurales que hacen rentable la ilegalidad no es solo una cuestión ética; es una condición necesaria para empezar a desarticular los incentivos económicos que hoy sostienen al crimen organizado.
Mientras la piratería siga siendo percibida como una conducta inofensiva, seguirá creciendo. Y mientras sigamos ignorando a sus verdaderas víctimas, seguiremos combatiendo solo los síntomas, no la enfermedad.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación
X: @MA_Margain