El debate que llevó a la reforma constitucional para transformar la figura de la Guardia Nacional (GN) de una reserva militar para la defensa de las y los mexicanos a una policía nacional, requirió que se alcanzara un consenso de todas las fuerzas políticas, lo que derivó en la inclusión de algunos requisitos: el mando y la regulación de dicha institución debieron ser civiles y, no menos importante, las entidades federativas serían fortalecidas en sus cuerpos de seguridad, esto último fue plasmado en el artículo 7º transitorio del decreto de reforma constitucional del 26 de marzo de 2019, que señala, entre otras cosas, que cada entidad debe presentar un diagnóstico y un “programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales” y tomar “las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad”.
Hoy, a tres años del inicio de las labores de la GN, se plantea un nuevo debate sobre la pertinencia de cambiar la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal, dado que, según datos del INEGI, ha aumentado el número de homicidios y se redujo el número unidades de infraestructura policial de los estados, ya que en 2018 existían 2,115, mientras que en 2021 se contabilizaron solamente 1,468. Asimismo, en dicho periodo aumentó 15 veces el número de llamadas telefónicas de auxilio y se registraron 14 entidades que cuentan con menos de 2,000 policías estatales, en tanto que sólo una alcanza el estándar establecido por la ONU de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, para participar en esta nueva discusión es necesario recordar que la estrategia de seguridad pasa por la prevención, la procuración, la administración y la ejecución de justicia, por lo que no solo es un tema de la GN.
En ese sentido, aunque el énfasis se ha puesto en esa primera parte las tareas de seguridad pública referidas, se debe tomar en cuenta que dicha institución no debe llevar toda la carga y que, para alcanzar la paz social, es fundamental el trabajo de las policías locales. Por otra parte, se sabe que, conforme a lo establecido en el decreto referido, las entidades federativas realizaron los diagnósticos y programas para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad bajo su cargo. Entonces ¿Por qué no se han otorgado los recursos que se comprometieron en el transitorio del decreto? ¿Cómo se han aplicado los programas para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad locales? ¿Cuáles son los resultados de esos programas? En otras palabras ¿Quién está en falta respecto del fortalecimiento de estas policías?
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