En el marco de la aprobación del paquete económico de la federación para 2024, los grupos que forman el bloque mayoritario en el Congreso de la Unión decidieron impulsar una iniciativa para eliminar los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, para ello utilizaron un doble razonamiento: por un lado en el dictamen se afirma la ilegalidad de los fondos y fideicomisos y por el otro se esgrimen argumentos de carácter político que buscan convencer que su eliminación abona a la austeridad republicana, pone fin de los privilegios y fortalece la transparencia de los recursos públicos para beneficio del pueblo.
Más allá de los discursos y las razones expresadas por las y los legisladores, vale la pena analizar sucintamente el objeto de los instrumentos financieros eliminados: Se trataba de 14 fondos y fideicomisos a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (6), del Consejo de la Judicatura Federal (6) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2). Algunos de ellos servían para que todas las personas trabajadoras del Poder Judicial gocen de una pensión digna y seguridad social, a través de prestaciones como fomento al ahorro, apoyo para anteojos, apoyos médicos complementarios para enfermedades de atención urgente o grave, guardería y chequeo preventivo de salud. Otros apoyaban al poder judicial a fin de que pudiera adaptar su infraestructura y personal y así cumplir con obligaciones que se le han impuesto, por ejemplo, la implementación de los nuevos sistemas de justicia penal, procesal civil y familiar, laboral y mecanismos alternativos de solución de controversias. Otros fondos ahora eliminados le permitían al Poder Judicial desarrollar la infraestructura necesaria para llevar a cabo su labor de impartición de justicia de una forma adecuada, como por ejemplo dotar de vehículos blindados a quienes juzgan a integrantes de la delincuencia organizada.
De lo anterior no se identifican el o los privilegios que se buscan combatir, pero sí queda de manifiesto que se afectan 3 componentes indispensables para el funcionamiento de cualquier Estado Democrático y de Derecho: El respeto a los derechos adquiridos a las personas trabajadoras; la protección de la autonomía judicial y la división de poderes. Vale la pena anotar que el dinero que tienen esos fondos y fideicomisos en buena parte corresponde a las aportaciones de las y los trabajadores, por lo que durante su extinción se deberá cuidar el destino que se les pretende dar, toda vez que, hasta el día de hoy, dice el dictamen que se ordenará su envío a la tesorería de la federación. Visto así, no puedo dejar de notar lo paradójico que resulta querer acabar con los privilegios a través de la vulneración de los derechos de las y los trabajadores y lo irónico de querer salvaguardar la transparencia y el adecuado cumplimiento de la Constitución, llevando a cabo acciones que lesionan la independencia de su principal garante en lo que pareciera más el anuncio de una contienda del Ejecutivo contra el Judicial.