La Suprema Corte tuvo que emitir una nota aclaratoria para explicar la compra de camionetas Jeep. También tuvo que salir a explicar un retrato oficial de una ministra. Eso, más que anecdótico, es profundamente revelador.
La conversación pública sobre la Corte dejó de estar en lo que resuelve y se instaló en lo que compra. En los últimos días no discutimos qué leyes invalidó, qué derechos protegió, o dejó de proteger, qué estándares fijó o qué asuntos decidió retirar de la lista de sesión. Y sí, como cualquier órgano del Estado, la Corte está sujeta a escrutinio. Es correcto y necesario preguntar si una compra fue indispensable, si el procedimiento fue adecuado y si el gasto fue razonable. Esa vigilancia es sana en una democracia.
El problema es que eso se ha vuelto el centro de la conversación. Mientras discutimos la compra de una Jeep, pasan casi desapercibidas sentencias que afectan la vida de miles de personas.
Esto ocurre en medio de una reforma judicial que construyó una narrativa eficaz: el Poder Judicial era un espacio de privilegios que debía ser exhibido, reducido y vigilado. Bajo esa narrativa, cada decisión administrativa se convierte en símbolo.
Muchas de las y los ministros que hoy integran el tribunal llegaron ahí después de campañas en las que prometieron orden, austeridad, cercanía, eficiencia, transparencia y control sobre los excesos del Poder Judicial. Prometieron que las cosas funcionarían mejor, que se acabarían los privilegios y que no habría rezago en la impartición de justicia.
Hoy descubren que buena parte de lo que prometieron era, en el mejor de los casos, extremadamente difícil de materializar. Esas tensiones se vuelven parte del señalamiento público, donde lo ofrecido en campaña no resiste la complejidad real de operar un tribunal constitucional.
Mientras tanto, la reforma judicial sigue produciendo su efecto delicado y tal vez deseado: debilitar al Poder Judicial no sólo en su diseño institucional, sino en la forma en que la sociedad lo percibe y lo discute. La función de la Corte no es parecer modesta sino actuar como contrapeso, proteger derechos aunque eso no sea popular. Es decir “no” cuando el poder político dice “sí”.
La conversación en la que hoy se evalúa su labor se parece más a la que se tiene sobre el Ejecutivo o el Legislativo, centrada en el gasto, la imagen y el simbolismo administrativo. Bajo esa lógica, un tribunal constitucional siempre pierde. Por eso la Corte termina emitiendo notas aclaratorias sobre temas que, en un momento institucional distinto, no ocuparían más de un párrafo.
Un tribunal constitucional no se legitima con informes de cien días, como tratan de hacerlo los políticos. Se legitima con criterios, con sentencias, y con votos apegados a la normatividad. La tarea, entonces, no es solo la de explicar camionetas. Es presentarle a la ciudadanía lo que la Corte decide, los límites que impone y los derechos que protege.Ahí es donde un tribunal constitucional demuestra que está cumpliendo su función y donde realmente se juega su legitimidad.