En una de sus visitas a Chile, Ronald Dworkin lanzó una frase que aún resuena más allá de las aulas: “las escuelas de derecho son el quinto poder del Estado”. No lo dijo como halago, sino como provocación: para recordarnos que la justicia no empieza en los tribunales, sino en la cultura jurídica que un país es capaz de enseñar, discutir y defender; y que ese poder, silencioso pero real, puede fortalecer o erosionar el estado de derecho. Su advertencia, formulada lejos de México, es profundamente pertinente aquí, donde la conversación sobre justicia suele reducirse a las instituciones visibles y no a las que moldean la vida jurídica desde dentro.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha reconocido esa fuerza silenciosa. En uno de sus últimos asuntos, la hoy extinta Primera Sala de la Corte afirmó que los colegios de abogadas y abogados son “sujetos idóneos para la promoción y protección, a nivel colectivo, del derecho de acceso a la justicia”. La frase, técnica en apariencia, encierra un mensaje claro: en México, la defensa del acceso a la justicia no es tarea exclusiva del Poder Judicial. Exige también la participación activa de la profesión jurídica organizada que opera fuera del aparato estatal, pero que influye profundamente en su funcionamiento.
Las barras y colegios de abogadas y abogados cumplen funciones que van mucho más allá de lo gremial. Sí, ofrecen cursos, certificaciones y espacios de actualización. Pero también son lugares donde se debe discutir qué significa una justicia independiente, cómo se interpreta un derecho, qué límites tiene el poder público. Son foros donde se debate el sentido de las reformas, se cuestionan retrocesos, se identifican riesgos. Y, sobre todo, son espacios donde se construye la cultura jurídica que determina qué tipo de justicia permitimos o aceptamos como sociedad.
Por eso, el papel de ese “quinto poder” es especialmente relevante hoy, cuando las instituciones públicas atraviesan tensiones profundas, cuando se discuten cambios estructurales al Poder Judicial y cuando la polarización política transforma cualquier discusión jurídica y constitucional en un campo minado. En momentos así, el silencio de las barras y colegios pesa más que cualquier posicionamiento. Y su ausencia deja al estado de derecho sin uno de sus contrapesos naturales: la crítica profesional, técnica y ética de quienes conocen desde dentro la fragilidad del sistema.
El asunto resuelto por la Primera Sala no solo abre la puerta a que los colegios actúen en defensa del acceso a la justicia. También les asigna una responsabilidad: no basta con existir, hay que ejercer ese papel público. Hay que presentar observaciones cuando una reforma pone en riesgo la independencia judicial, hay que denunciar cuando se bloquea el acceso a tribunales, hay que acompañar litigios estratégicos cuando los derechos colectivos se ven amenazados. La legitimidad que les reconoce la Corte implica, en suma, un deber de vigilancia.
Pero ningún deber es automático. En México hay colegios que han sido ejemplo de valentía institucional, y otros que han preferido la comodidad del silencio. Un quinto poder débil no solo pierde relevancia: deja al Poder Judicial más expuesto y a la ciudadanía con menos herramientas para defender sus derechos. La fuerza de las barras no está en su tamaño, sino en su capacidad de emitir señales éticas, acompañar causas, generar debate público y proporcionar herramientas a quienes buscan justicia.
Para que esa fuerza sea real, las barras y colegios necesitan tres elementos esenciales: independencia, apertura y compromiso público.
En este entramado, los tribunales siguen siendo el núcleo del sistema de justicia. Pero su eficacia no depende únicamente de ellos. Depende también del ecosistema que los rodea. Las barras y colegios no ocupan un lugar central en ese diseño, pero sí ofrecen algo indispensable: el espacio que permite examinar, corregir y fortalecer la manera en que entendemos y practicamos la justicia.
Vale recordarlo sin grandilocuencias: los tribunales hacen que la justicia funcione; las barras y colegios no forman parte de esa estructura esencial, pero sí ofrecen el andamiaje que permite revisarla, corregirla y fortalecerla. Cuando ese andamiaje se debilita, cualquier esfuerzo institucional para mejorar la justicia se vuelve más lento, más frágil y más vulnerable.
El estado de derecho no se sostiene únicamente en los jueces ni en las leyes. Se sostiene en una cultura jurídica viva, crítica y plural. Esta cultura jurídica se construye, y se defiende, todos los días desde ese quinto poder que no aparece en la Constitución, pero que sí la fortalece.