Cada 8 de marzo ocurre algo peculiar en nuestro país. El país parece dividirse entre dos narrativas que avanzan en paralelo pero que rara vez se encuentran. Por un lado, la historia del progreso: mujeres que ocupan espacios de poder que durante siglos les fueron negados, discursos oficiales que hablan de igualdad sustantiva y un consenso político que, al menos en el plano declarativo, reconoce que la discriminación de género es una injusticia que debe corregirse. Por otro lado, la historia de la deuda: violencia persistente, desigualdades económicas profundas y una estructura social que sigue descansando desproporcionadamente sobre el trabajo invisible de las mujeres.
El contraste no es menor. México vive un momento simbólicamente extraordinario en su historia política. Nunca antes las mujeres habían tenido tanta presencia en los espacios de decisión pública. Sin embargo, la pregunta que inevitablemente aparece cada 8 de marzo es si ese cambio simbólico se ha traducido en una transformación real de la vida cotidiana. La historia reciente sugiere que todavía no.
La representación política importa. Durante décadas, el acceso de las mujeres a los espacios de poder fue una batalla fundamental del movimiento feminista. Sin presencia en las instituciones, las decisiones seguirían tomándose desde perspectivas incompletas pero la experiencia comparada muestra algo importante: la representación es una condición necesaria para la igualdad, pero no suficiente.
La desigualdad más profunda muchas veces permanece fuera del radar institucional. Está en la distribución del tiempo, en la economía del cuidado, en el trabajo doméstico que sostiene la vida diaria pero que rara vez aparece en las estadísticas económicas o en las prioridades presupuestales. Millones de mujeres siguen cargando con jornadas dobles o triples: empleo remunerado, trabajo doméstico y cuidado familiar. Es una estructura social tan normalizada que a menudo pasa desapercibida.
El 8M también recuerda algo que incomoda al poder: muchos de los derechos que hoy parecen obvios no nacieron de la generosidad de las instituciones, sino de la presión, exigencia y demanda social. La historia del constitucionalismo contemporáneo está llena de ejemplos. El reconocimiento del derecho a decidir, la tipificación del feminicidio, la incorporación de la perspectiva de género en la judicatura o las políticas contra la discriminación no surgieron espontáneamente desde el Estado. Fueron resultado de movimientos sociales que empujaron al derecho a transformarse.
Hay quienes observan el 8M con incomodidad, preguntándose por qué sigue siendo necesario marchar cuando el discurso público parece haber adoptado ya el lenguaje de la igualdad. La respuesta es simple: porque el lenguaje no basta. La distancia entre el reconocimiento simbólico de los derechos y su realización efectiva sigue siendo grande.
Cada generación enfrenta su propia versión de esta brecha. Hubo un tiempo en que la batalla era el derecho al voto. Luego fue el acceso a la educación, al trabajo, a la participación política. Hoy muchas de las discusiones se concentran en la violencia, en los cuidados, en las desigualdades económicas persistentes y en la persistencia de la discriminación estructural.
El 8 de marzo, en ese sentido, no es tanto una celebración como una brújula. Sirve para medir cuánto ha cambiado la realidad y cuánto falta todavía por transformar. También recuerda que los avances que hoy parecen inevitables alguna vez fueron impensables.
La historia de los derechos de las mujeres demuestra algo fundamental: las transformaciones más importantes casi siempre comienzan como demandas incómodas y suelen permanecer incómodas durante mucho tiempo antes de convertirse en consensos sociales.
Por eso el 8M sigue siendo necesario. Porque cada año nos obliga a mirar de frente una verdad sencilla: la igualdad no se mide por los símbolos del poder, sino por la vida real de las personas.
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