El INEGI acaba de publicar los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para el año 2024, y con ello se viene una ola de análisis sobre bienestar, desigualdad y pobreza en los hogares del país sumamente interesantes. A continuación les comparto algunas primeras impresiones respecto a desigualdad y con especial foco en programas sociales de transferencias monetarias.
Tal vez el dato más esperanzador es que se confirma un aumento amplio en los ingresos de los hogares en 2024 respecto de 2018: crecieron en 25% los ingresos corrientes totales per cápita del promedio de hogares del país (luego de descontar la inflación). De tal promedio, los hogares más pobres percibieron el mayor incremento: el aumento de los ingresos fue de 41% para el decil I (es decir, para el 10% con menos ingresos), frente a 14% del decil X (el 10% más rico).
Contrario a lo que suelen afirmar muchos medios de comunicación y comentaristas, el principal factor detrás del aumento en el ingreso de los hogares en México no son los programas sociales de transferencias monetarias, sino los ingresos laborales. De cada 100 pesos de incremento en el ingreso total de los hogares, 55 provienen del componente laboral, mientras que sólo 14 pesos provienen de programas sociales.
Pero el análisis a detalle de los resultados de programas sociales muestra conclusiones variopintas. Por ejemplo, contrario a lo esperado, para 2024 hay una menor cobertura de programas sociales en los hogares, especialmente entre los más pobres.
La cobertura de programas sociales disminuyó de 34% en 2022 a 32% en 2024 (aunque es mayor que el 28% de 2018). Esta caída afecta principalmente a los estados más pobres del país, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde la proporción de hogares que recibe apoyos es ahora menor que al inicio del sexenio anterior (2018). En Chiapas uno de cada cinco hogares que recibían programas sociales en 2018 dejaron de recibirlos para 2024.
También se observa una reducción significativa en la cobertura entre el 40% de la población con menores ingresos: En el 5% más pobre, se pasa de 80% (2018) a 58% de cobertura (2024), dato menor incluso que en 2022 (70%). Al contrario, entre el 5% con más ingresos, se registró un aumento muy alto de la cobertura, pues pasó de 5% en 2018 a 20% en 2024.
Por otro lado, el análisis muestra que las transferencias monetarias en 2024 son menos progresivas. Aunque el monto total de transferencias monetarias aumentó considerablemente (184% más respecto a 2018, un dato sumamente positivo), su distribución se volvió menos redistributiva. De hecho, el 10% de la población con menos ingresos (decil I) recibe hoy solo el 14% del total redistribuido por programas sociales, frente al 24% que recibía en 2018. Mientras tanto, el 10% más rico (decil X) concentra el 12% de las transferencias, un porcentaje desproporcionado respecto a lo esperable con programas que deberían ser “redistributivos”.
Lo anterior apunta a la necesidad del desglose entre distintos programas sociales. Al respecto, los resultados apuntan a una concentración casi única en un solo programa: la Pensión de Adultos Mayores. El análisis destaca que 83 de cada 100 pesos distribuidos mediante programas sociales provienen de la Pensión de Adultos Mayores (PAM), cuya cobertura sigue en aumento (de 20% en 2022 a 23% en 2024), lo cual es positivo.
En contraste, otros programas sociales clave como las Becas Benito Juárez han sufrido una caída alarmante: su cobertura pasó de 12% a sólo 6% entre 2022 y 2024. Desde un enfoque de justicia intergeneracional, estos resultados no serían deseables.
Esta reducción podría estar relacionada con adelantos de pago durante el proceso electoral (y el retraso del pago de los dos últimos bimestres de 2024 hasta diciembre), aunque esa hipótesis no explica completamente la magnitud del retroceso ni que el efecto sea sólo visible en este programa social y no en la PAM.
Estos y otros resultados detallados pueden encontrarse en el informe que hemos publicado desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG). En dicho documento se lanzan algunas recomendaciones de política social urgentes, algunas inmediatas y otras de mediano plazo, necesarias para corregir la pérdida de progresividad en la política social.
Entre las recomendaciones, se incluye 1) Fortalecer la Pensión de Adultos Mayores como derecho garantizado, 2) Reestructurar y ampliar el nuevo programa de Becas Rita Cetina, tomando como referencia las deficiencias de las Becas Benito Juárez, 3) Reactivar y reforzar el resto de programas sociales que hoy tienen cobertura marginal, 4) Avanzar hacia un Ingreso Básico Universal acotado, unificando varios programas actuales y 5) Impulsar una reforma fiscal progresiva que permita financiar un sistema de protección social verdaderamente universal.
El análisis de los resultados de la ENIGH continuará en las semanas siguientes, pero siempre será importante resaltar tanto los aspectos positivos como también los negativos, que implican una urgente corrección. En ese último sentido, es importante corregir el rumbo de la planeación de los programas sociales, si el sexenio actual del gobierno federal quiere cumplir la promesa de “Primero los pobres” también con la política social de transferencias monetarias, y no sólo con la política laboral.
