Mientras observaba las inauguraciones de obras públicas encabezadas por los gobiernos de las tres ciudades que albergarán el Mundial de Futbol 2026 en México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), al mismo tiempo que leía noticias sobre el aumento de los precios de la vivienda, el encarecimiento del costo de habitar estas ciudades y los múltiples desalojos recientes, me surgió una pregunta inevitable: en realidad, ¿quiénes son los beneficiarios de las descomunales inversiones públicas realizadas con motivo del Mundial?
Una posible respuesta la ofrece la urbanista Raquel Rolnik, al analizar la financiarización de la vivienda y de las ciudades promovida desde los propios gobiernos: “El poder político se funde perfectamente con el poder económico, implantando una forma de gobernabilidad que amolda la ciudad según los deseos y necesidades de las élites económicas, políticas y culturales”. Todo esto, por supuesto, pagado con el dinero y el trabajo de la población en su conjunto.
El caso de Guadalajara resulta ilustrativo. El programa de obras públicas impulsado por el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara, fuertemente orientado al turismo, ha sido ampliamente criticado, entre otras razones porque ni siquiera es claro cuánto ha aportado cada nivel de gobierno. Tres ejemplos bastan para dimensionar el problema.
Primero, la “remodelación” de la glorieta del Monumento a la Minerva, donde se gastaron alrededor de 70 millones de pesos, 52 por ciento más de lo originalmente presupuestado, con un objetivo que podría resumirse en facilitar que turistas se tomen fotografías frente a un sitio emblemático de la ciudad. Segundo, la renovación de la Plaza Liberación, el equivalente al Zócalo de la CDMX, con una inversión de al menos 200 millones de pesos, donde no se observan mejoras sustantivas más allá del reemplazo del adoquín. Tercero, la llamada renovación del Parque Revolución (Parque Rojo), con una inversión prevista de 28 millones de pesos, que lleva más de nueve meses cerrado sin avances significativos, pero que sí implicó el desplazamiento de alrededor de 1,200 comerciantes que se instalaban ahí cada sábado, en un proceso marcado por protestas y represión policial.
Tan solo estas tres obras, justificadas públicamente como “mejoras de cara al Mundial”, suman cerca de 300 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? La respuesta viene al poner la cifra en perspectiva. Ese monto equivale a cuatro veces el presupuesto del Instituto Jalisciense de la Vivienda para 2026 y a trece veces el presupuesto destinado a apoyos temporales para jóvenes que pagan renta. Todo ello en una ciudad atravesada por una crisis habitacional cada vez más profunda, con desalojos al alza y una financiarización inmobiliaria imparable.
La comparación resulta aún más preocupante si se consideran otras crisis sociales. El gasto en estas obras triplica el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas, a pesar de que Jalisco es el estado con más personas desaparecidas del país. Asimismo, supera en más de 800 veces los recursos destinados a apoyar a personas en situación de calle, un problema que se ha agravado de manera dramática en los últimos años y que recientemente ha derivado incluso en asesinatos. Implementar un programa de transferencias monetarias incondicionadas para esta población, como se ha hecho en ciudades de California o Vancouver, costaría varias veces menos que el gasto total de estas obras.
Ante la mercantilización de las ciudades como objetos de consumo para turistas internacionales y élites empresariales, podría pensarse que la población trabajadora estorba. Pero eso no es del todo cierto. La población trabajadora es indispensable: alguien tiene que limpiar las calles, atender restaurantes, manejar el transporte público y sostener el funcionamiento cotidiano de la ciudad. No importa que se les pague mal, que no puedan acceder a una vivienda propia y tengan que compartir renta con varias personas, ni que destinen una parte creciente de su salario y de su tiempo al transporte (no olvidemos el tema del Tarifazo analizado en mi columna anterior). La ciudad debe seguir funcionando.
El círculo vicioso se completa cuando el dinero que estas personas producen y tributan no se utiliza para mejorar sus condiciones de vida, sino para que un turista pueda tomarse la mejor selfie en una ciudad cada vez más excluyente. Esa es, al final, la verdadera pregunta detrás del Mundial: ¿para quién se está mejorando la ciudad? ¿Para su población trabajadora, o para los turistas? Y, ¿quién se beneficiará más del paso del mundial por la ciudad?