Mauricio Millán
Vicepresidente de Consultores Internacionales SC.
En medio de la celebración del 25 aniversario por su autonomía, el Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base la tasa de interés objetivo (Tasa de Interés Interbancaria a un día), a un nivel de 8%. Es la primera decisión orientada hacia al relajamiento monetario en los últimos cinco años, desde aquel 5 de junio de 2014 en que la tasa objetivo pasó de 3.5% a 3%.
Los síntomas del paciente son claros y el clima no es favorecedor. El diagnóstico emitido por nuestra banca central presentó la sintomatología de la economía nacional: un entorno externo enmarcado por riesgos potenciales cuyo balance se ha deteriorado y condiciones domésticas que requieren de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión.
Hasta el miércoles pasado, de una selección de 37 bancos centrales de países independientes más el Banco Central Europeo, México ofrecía el tercer mayor premio a la inversión en bonos gubernamentales tan sólo por debajo de Argentina y Turquía. El diferencial entre las tasas de México y Estados Unidos había alcanzado 6%, después de que la Reserva Federal fijará su límite superior en 2.25% debido al primer recorte hecho en los últimos 11 años. Así, México continúa siendo el tercer país que paga mayores tasas de interés para mitigar la fuga de capitales, lo que sin duda también tiene su costo.
Asimismo, la continuidad de las tensiones entre Estados Unidos y China abona a un entorno de incertidumbre económica mundial y temores por una recesión global, reflejándose en el miércoles negro para las bolsas de valores en donde el IPC de México cayó 2.09%, el Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos en 3.05% y 3.02% respectivamente, el Bovespa de Brasil en 2.94% y el Euro Stoxx en 2.04%.
En el ámbito nacional, el comportamiento a la baja de la inflación ha propiciado condiciones que le dan al Banxico mayor margen para el relajamiento monetario en el marco de una política prudente. No obstante, el uso de ésta como único estímulo para el crecimiento económico es insuficiente y por ello, como portavoz de los resultados de la Encuesta de Expectativas del Sector Privado de la que somos parte, señaló la relevancia de fortalecer el Estado de derecho, abatir la corrupción y combatir la inseguridad; en adición a las señales que la Secretaría de Hacienda envíe en torno a la responsabilidad fiscal para el presente año y el paquete económico del siguiente, y la atención de las calificaciones crediticia soberana y de Pemex.
En adición a lo anterior y ante una coyuntura adversa en la que el crecimiento de la economía nacional al segundo trimestre fue de sólo 0.4% respecto del mismo periodo de 2018 (0.1% respecto del trimestre anterior librando apenas la recesión técnica), la respuesta de Hacienda fue el plan para dinamizar la economía con un fondo de 485 mil millones de pesos ¿Acaso será suficiente para retomar las sendas del crecimiento económico?
Por el momento, las señales que emiten nuestras autoridades respecto a propiciar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión siguen siendo confusas; de hecho, factores que están causando mucha de la incertidumbre entre la ciudadanía y los inversionistas están en las leyes confiscatorias y discrecionales que están estableciendo las autoridades, mismas que podrían ser usadas como represión política a los opositores pero más aún contra ellos mismos. Ejemplo de lo anterior es el tema de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (publicada el 9 de agosto en el Diario Oficial de la Federación) que pretende decomisar los bienes provenientes de actividades ilícitas (todas aquellas contempladas en el 22 Constitucional como crimen organizado, secuestro, robo de hidrocarburos, entre otros), así como aquellos bienes destinados o utilizados para perpetrar dichos ilícitos. Otro ejemplo es la fiscalización de facturas, es decir, anticipadamente se cataloga todo como crimen organizado, lo cual, por supuesto inhibe o aletarga el comportamiento de los inversionistas. Este tema está peligrosamente mal redactado y podrían pagar justos por pecadores.
En resumen, no importa qué medidas se adopten ya sea desde aquellas en el plano macroeconómico como la relajación monetaria o los estímulos provenientes de la hacienda pública, hasta aquellas microeconómicas en el orden del combate al crimen organizado, todas deberán ir orientadas a fomentar el crecimiento económico y ello provendrá únicamente de la inversión y de señales que nos garanticen la seguridad y la certeza jurídica en la propiedad privada; de lo contrario, difícilmente se revertirán los síntomas que hasta ahora se han presentado. Como pacientes consumidores o como pacientes empresarios, ¿estamos preparados para el malestar que se avecina? Y, por su parte, los hacedores de estas leyes ¿se darán cuenta que están poniendo una situación peligrosa incluso para ellos en el futuro?