Decía Felipe González, el expresidente socialdemócrata de España, que el propósito más importante de la organización electoral era crear las condiciones para la “aceptabilidad de la derrota”. La lógica de ese argumento es impecable: quien gana no tiene el menor incentivo para decir que hubo trampas o defectos en el proceso que lo llevó al triunfo; quienes impugnan –cuando impugnan– son quienes pierden. De aquí que el partido más interesado en ofrecer certeza y garantías de que los comicios serán limpios es el que encabeza las preferencias previas. En nuestro caso, Morena encabeza todas las encuestas.
De otra parte, Adam Przeworski –uno de los mejores politólogos del mundo– ha escrito que la consolidación de un proceso democrático se verifica cuando los partidos perdedores de una elección solo aspiran a volver a competir con las mismas reglas con las que perdieron. Cuando las organizaciones políticas que aspiran al poder prefieren cambiar normas, instituciones y personas antes que prepararse para contender por el voto popular, significa que la democracia en curso no está fraguada. Lo que nunca previó Przeworski es que fueran los vencedores quienes promovieran desechar las reglas, a menos que quisieran hacerlo para perpetuarse en el poder. Tras haber ganado dos veces, Morena quiere cambiar las reglas.
Mientras presiona para lograrlo, el partido oficial ha ido avanzando en cuatro frentes que le otorgan una ventaja notable sobre cualquiera de sus adversarios: han dispersado recursos públicos en abundancia, por todo el país, sin haberlos dirigido siempre a la población más pobre: las pensiones a los adultos mayores, las becas a los estudiantes y los recursos destinados a las personas con capacidades diferentes, se han destinado a otros grupos sociales que no carecen de recursos (o no, al menos, de recursos para sobrevivir con dignidad). Por otra parte, todas las administraciones públicas que hoy están a cargo de Morena han repartido puestos públicos y ejercido presupuestos con el así llamado sistema de botín: entre los suyos, como premio a su lealtad. Han construido un sistema de comunicación social controlado y pagado de manera espléndida para favorecer su ideario hermético y denostar a sus oposiciones. Y han logrado insertar, en los órganos electorales más relevantes del país (el Consejo General del INE y el Tribunal Electoral) a personas incondicionales a su bandería. Si todo esto fuera poco, controlan también el Poder Judicial, el Legislativo y 24 estados.
Sin cambiar una coma a las reglas actuales, Morena cuenta ya con todas las ventajas que cualquier partido hegemónico desearía para consolidar el dominio que ejerce. En sana lógica, no necesita más de lo que tiene para saber que, en los comicios venideros, irá a la competencia electoral con una ventaja prácticamente invencible. Podría darse el lujo de decir que, para tranquilidad de sus oposiciones, dejó la normatividad electoral intacta y, aun así, dormir tranquilo. Sus adversarios lo vivirían como un triunfo, los de Morena podrían alardear con su generosidad, habría elecciones sin ocurrencias y la distribución de poder se mantendría casi idéntica.
Si a pesar de todo insisten en empujar la reforma electoral para complacer a su creador se habrán disparado en el pie (o en la sien): nadie en su sano juicio –incluyendo a varios de sus partidarios actuales– podría alegar que ganaron las elecciones en buena lid. No habría aceptabilidad de ninguna derrota, sus adversarios lo tomarían como el banderazo para romper todas las reglas, perderían respaldo internacional y pondrían en jaque su legitimidad. Retomo a Unamuno: vencerían, pero no convencerían. Mi madre usaba un refrán que siempre tengo presente: si el pleito está ganado, no saques la pistola.
Investigador de la Universidad de Guadalajara