Moralmente derrotados

Me disgusta mucho verme involucrado en el escándalo generado por un presunto plagio a uno de mis trabajos. Escribo la palabra presunto por precaución: no me consta que el documento que ha circulado en redes como tesis de licenciatura de la Fiscal Ernestina Godoy sea, efectivamente, el que presentó para obtener el título de abogada por la UNAM. Lo que sí puedo constatar es que en ese texto hay párrafos copiados de lo que yo escribí mucho antes.

Me he preguntado si, de confirmarse, valdría la pena iniciar alguna acción legal para reivindicar mis derechos de autor. Empero, me hago cargo de que el cuaderno de divulgación del que se tomaron mis palabras fue una edición no venal del IFE: nunca estuvo destinada a la venta ni ha generado regalías. Cedí los derechos de explotación de esa obra al Instituto Federal Electoral para contribuir a la cultura democrática de México, no para ganar dinero. De otra parte, una tesis de licenciatura tampoco produce dividendos. De modo que no habría Litis patrimonial: solo podría alegar la ofensa al derecho moral producida por un plagio.

Lo que hizo hervir mi sangre fue la respuesta pública de la señora Godoy, que me parece una pieza maestra del estilo amenazante y cínico de quienes hoy ejercen los poderes públicos en México. Creo que, con independencia del curso legal que adopte el episodio del posible plagio, no debemos dejar pasar impunemente el contenido de esa comunicación oficial emitida por la Fiscalía de la Ciudad de México que, ya de entrada, utiliza recursos públicos para emprender la defensa de las ambiciones personales de la titular de esa oficina.

El argumento político que esgrime es moral y legalmente inaceptable, pues como servidora pública no puede usar los recursos públicos puestos a su cargo para fines personales en busca de su ratificación. Lo que ella tendría que probar, acaso, es que su cédula profesional fue obtenida de conformidad con la regulación universitaria de aquellos años y nada más. Culpar a otros para justificar las anomalías de su conducta es un sello del actual gobierno: todo es válido para atacar a otros, en nombre de su causa.

En ese comunicado de la Fiscalía, se dice que “Los grupos de derecha están acostumbrados a denigrar la dignidad y buen nombre de las personas, en esta ocasión me tocó a mí (dice ella). Con tal de evitar que sus intereses oscuros, canallas y perversos se vean afectados, están dispuestos a todo”. ¿No es acaso esa estrategia difamante la que ha marcado el estilo del presidente López Obrador cada mañana, todos los días a lo largo del sexenio? ¿No es evidente que los adjetivos que utiliza en esa carta contradicen por completo su alegato? Si algo ha caracterizado a la así llamada 4T ha sido la descalificación constante, tenaz, violenta y abusiva de cualquier persona que se haya atrevido a criticar o a enfrentar al presidente. Y también es típico que modifiquen el contenido de las palabras que utilizan, para ponerlas al servicio de sus ambiciones políticas.

También afirma que sus adversarios utilizan “artimañas tendenciosas e inmorales para politizar la procuración de la justicia”. Aclaro, de paso, que yo no soy su adversario y ni la conozco. En todo caso, soy el agraviado. Pero ella mete todo al mismo saco, mientras el presidente propone la elección de todas y todos los juzgadores para que respondan a las mayorías y mientras Lenia Batres se ostenta como la “ministra del pueblo” en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, se duele de lo que están haciendo: politizar la justicia para ponerla al servicio del partido dominante.

Se trata de otro ejemplo nítido (y penoso) de la doble moral con la que estamos siendo gobernados. Yo seguiré escribiendo y publicando mientras pueda, para oponerme a esas conductas. Allá ellos.