La reforma electoral ya ocupa y ocupará las primeras planas y los debates más acalorados durante las próximas semanas. Servirá de sedante ante la violencia, aunque no pasará mucho tiempo antes de saber si los dos partidos que tienen la sartén por el mango y han decidido cobrar caro su amor (el PT y el Verde) la aprueban o la rechazan. Lo demás será trámite, pues ninguno de los otros partidos importan: las oposiciones a la 4T no tienen votos suficientes y Morena ya no escuchará a nadie que no sea de su bandería.
Admito que la estrategia de comunicación está bien diseñada: dicen que el INE es caro, que los consejeros cobran mucho y prefieren que el dinero vaya al pueblo; dicen que la representación proporcional es de cúpulas y que es mejor que la gente vote por personas con nombre y apellido y no por siglas partidarias. Esos argumentos están montados sobre el rechazo popular al gasto público y en la desconfianza hacia los partidos, largamente aceitada. Sobre esa base se ha construido el discurso del gobierno para hacer avanzar una reforma que, en realidad, busca el control del proceso y de los resultados electorales.
Enlisto solo tres perlas de lo que se ha revelado hasta ahora:
1. El gobierno quiere reducir a las juntas ejecutivas del INE, eliminando la mayor parte de los puestos del servicio profesional electoral. Esto es grave, pues se trata del personal calificado (reclutado por concurso, evaluado permanentemente y capacitado por años) que se encarga de las cuestiones finas de la organización electoral: desde la emisión de credenciales con fotografía y la integración de las listas nominales, hasta la coordinación de los cómputos electorales distritales, pasando por la ubicación de casillas, el reclutamiento de las personas insaculadas para fungir como funcionarias, la preparación de los capacitadores, la revisión cotidiana de ese proceso y la atención de información, quejas y el alud de detalles que hay en cada elección. Ese personal, el más capacitado y acreditado de México, sería suplido por quién sabe quién. ¿Por servidores públicos de Morena?
2. Se proponen modificar la integración del Senado de la República mediante una fórmula que eliminaría la lista de representación proporcional. Para decirlo rápido, habría dos senadores por estado para el partido ganador y uno más para el segundo lugar. Considerando la capacidad de movilización que ha venido acumulando Morena (programas sociales, estructura burocrática, fuerzas armadas, gobiernos locales y aliados inconfesables) cualquier escenario apuntaría que el partido oficial ganará muchos estados (de a dos senadores cada uno) y, donde pierda, quedaría en segundo lugar (uno más por estado). Quienes han hecho las cuentas, confirman que, con esa sola modificación, Morena aseguraría la mayoría absoluta de la llamada cámara alta. Léase: el control legislativo, sin tener que comprar o amedrentar senadores de otros partidos.
3. También reducirán el tamaño y acotarán a los llamados Oples (los órganos electorales locales) y el Senado nombrará cinco consejeras y consejeros (supongo que tres mujeres y dos hombres) por entidad federativa para dirigirlos. No necesito extenderme mucho en esta decisión, pues todos sabemos quién tiene la mayoría en el Senado.
Hay mucho más. Pero habrá que esperar a que, a partir de hoy (como prometieron), circule la iniciativa completa que suscribirá la presidenta para leer la letra chiquita. Sin embargo, no es necesario hacerse ilusiones: seguirán diciendo que se trata de ahorrar y de honrar a la mayoría popular. Esa misma mayoría oficial que enfrentaron, durante décadas, Claudia Sheinbaum y Pablo Gómez al lado de muchos otros, cuando no tenían el poder y llamaban a defender la democracia. Hoy están optando por el poder, a secas.