La paz es mucho más que la contención de la violencia. Creer que se garantiza arrestando y “exportando” capos y confiscando droga selectivamente es tan insuficiente como ingenuo. La paz es una construcción colectiva y permanente, que exige erradicar, a un tiempo, la prepotencia de quienes pasan sin reparos por encima de la ley y la impotencia del Estado para garantizar derechos, afincados en la conciencia de las y los ciudadanos de manera cotidiana.
Aunque el giro que ha adoptado la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, con García Harfuch a la cabeza, ha merecido el reconocimiento de propios y extraños, la tarea pendiente rebasa con creces al aparato de seguridad, pues la paz no llegará al completar una lista de criminales arrestados. Esa lógica de confrontación entre policías y ladrones se ha ensayado varias veces, desde el sexenio de Felipe Calderón, sin éxito. Puede dar buena imagen y quizás puede calmar al ogro que gobierna los Estados Unidos, pero a cada capo capturado le seguirán otros y cada grupo descabezado emprenderá una nueva batalla por el control de sus negocios. Esa mecánica macabra la hemos visto una y otra vez.
Con todo, en estos días he escuchado y leído, en varias ocasiones, que a México le vendría bien que Trump cumpliera su amenaza de intervenir directamente para capturar o abatir a las cabezas de los cárteles. Disiento. Eso colmaría, quizás, la estrategia electoral de Trump para conservar el poder que ha venido acumulando, pero aquí sembraría una nueva escalada de violencia y volvería a privilegiar la prepotencia sobre el derecho.
Esa práctica ha fracasado durante dos décadas. Que ahora adquiera una nueva dimensión internacional no significa que el resultado será distinto: mientras los cárteles criminales encuentren camino libre para actuar impunemente, sus estructuras de poder se volverán a reconfigurar en ciclos inagotables de violencia.
La vigencia del Estado de derecho va mucho más lejos que ese juego de vencidas. El éxito de los negocios criminales no está anclado solamente en su fuerza de choque, sino en los múltiples espacios que ha encontrado para hacer negocios a la sombra de la corrupción, en casi todos los ámbitos de la vida pública. La captura de los puestos públicos en los gobiernos municipales y estatales ha favorecido el control de los presupuestos que ejercen las oficinas de gobierno y ha bloqueado la eficacia del sistema de justicia para cancelar en definitiva esa inagotable fuente de ingresos ilegales que, ademas, incrementa la desigualdad. Y esa tarea no atraviesa por ejércitos y armas, sino por el control democrático del ejercicio de la autoridad.
Suponer que ese andamiaje puede completarse sin convocar al respeto de las leyes, de la transparencia y sin buscar la construcción de contrapesos en todos los ámbitos de la administración pública, es un error de párvulos. Ningún gobierno del mundo puede hacer valer las normas que regulan la calidad de vida y que aseguran la justicia sin la conciencia y la colaboración activas de su pueblo. No es una tarea de cúpulas, ni de grupos armados, ni de tribunales favorables, sino una actividad cotidiana y compartida por la sociedad.
Atrapados como estamos entre las presiones del gobierno de Estados Unidos y la polarización deliberada del gobierno mexicano, la reconstrucción de nuestro estado de derecho está a punto de cruzar un límite del que ya no habría retorno. Suele decirse que las grandes crisis abren también las puertas hacia las grandes oportunidades. Me pregunto si la que estamos viviendo ahora mismo servirá para encontrar la ruta que perdimos cuando la ambición por acumular poder empezó a imponerse sobre cualquier otro argumento. Me pregunto si podemos volver a convivir en paz.