En defensa de la soberanía

Estamos atravesando por un momento crítico y, hasta ahora, la única idea que se está imponiendo en nuestra clase política es la destrucción mutua: los culpables de todos los males que desafían al país son los otros y la tarea principal es acabar con ellos. Las cabezas políticas de todos los bandos están ocupadas, obsesivamente, en culpar y atacar a sus adversarios. En estas circunstancias, no existe la más mínima posibilidad de diálogo ni, mucho menos, de construir consensos para resolver los problemas que nos están agobiando.

La responsabilidad principal de este clima de guerra civil sorda es de la presidenta de la República. No eximo a los partidos políticos de la oposición de haber contribuido con creces a este ambiente que se corta con un cuchillo. Pero quien gobierna no puede excusarse de la polarización que ha elegido como estrategia central de su proyecto político ni, mucho menos, de sus consecuencias. Creer que puede seguir gobernando a patadas contra cualquiera que la contradiga, mientras trata de disciplinar a los suyos, es un error garrafal. Con todo respeto, es falso que sea víctima de la perversidad de quienes se niegan a obedecerla.

Hoy amanecemos con un nuevo conflicto. La movilización popular financiada por el gobierno para llamar, a un tiempo, a escalar la disputa interna y la ofensiva contra el gobierno de Donald Trump es, por decir lo menos, una temeridad. ¿De veras cree la presidenta que puede decir y hacer lo que sea porque el pueblo de México la respalda sin condiciones? ¿De veras supone que tiene los medios para borrar del mapa a sus oposiciones y a sus críticos para dirigir al país con el credo único de eso que llaman la 4T? ¿De veras piensa, en su fuero interno, que el gobierno de los Estados Unidos disminuirá su presión sobre México a golpe de gritos patrióticos? De ser así, se está equivocando de palmo a palmo: la gente se está cansando, las oposiciones no desaparecerán y los Estados Unidos seguirán presionando.

¿Habrá leído la encuesta sobre calidad e impacto gubernamental que acaba de publicar el INEGI? El primer dato que salta a la vista es que entre 2023 y 2025 la confianza en el gobierno federal cayó de 59 a 46.5 por ciento, entre otras razones, porque lo que está diciendo la presidenta no corresponde con lo que está viendo y viviendo el pueblo: 84 por ciento de la población nacional sigue percibiendo que la corrupción no ha disminuido; al contrario, para la última medición se registraron 27,438 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes y, en la mayoría de esos casos, las extorsiones ocurrieron con autoridades de seguridad pública: 63.5 por ciento del total en 2025, frente al 59.4 por ciento del 2023. De paso, la confianza en la Guardia Nacional perdió cerca de diez puntos en apenas dos años: pasó de 65.6 por ciento a 56.2 por ciento.

Ninguno de los rubros principales que califican al gobierno mejoró en estos dos años: muy pocos están satisfechos con las policías (apenas 27.9 por ciento); la satisfacción con los servicios de salud pública cayó del 58 al 49.7 por ciento y solo 37.3 por ciento de los usuarios tuvieron acceso a los medicamentos que necesitaban para curar sus enfermedades. Y en el caso de la educación pública, que solía contar con el mayor respaldo social, para 2025 el dato cayó al 69 por ciento. Y la confianza pública en los gobiernos estatales alcanza apenas el 40 por ciento (con Sinaloa, por cierto, con solo el 27 por ciento del total).

Si quisiera defender la soberanía no nos convocaría a enfrentarnos entre nosotros mismos, ni le regalaría más razones al gobierno de los Estados Unidos para agredirnos. Los problemas del país son muchos y graves. Para salvar a la patria, la presidenta debe convocarnos a todos y dejar de echar leña al fuego.

Investigador de la Universidad de Guadalajara