¿Por qué tanto pleito? De todos modos, el presidente ha tomado todas las decisiones que ha considerado pertinentes sin más oposición que la del pataleo. Ha echado mano de todas las facultades que le confiere la Constitución y más: ha utilizado todos los poderes extra constitucionales que la mayoría le otorgó al partido que él mismo imaginó, creó y controla. Ha sido uno de los presidentes más poderosos de la historia pues ni siquiera ha tenido que lidiar con los líderes de su partido, ni ha negociado con los gobernadores, ni se ha rendido a los poderes fácticos, como sucedía en el régimen del PRI. Además ganó las elecciones del 2021. ¿Por qué entonces tanto afán?

Como si el poder que ostenta fuera insuficiente, insiste en llevarnos al rincón de las patadas. Quizás quiere que no quepa la más mínima duda de quién manda en el país —como si la hubiera— y se ha obstinado en hacer otra consulta pública que simulará someterse, dizque humildemente, a la revocación de mandato cuando todos sabemos bien que lo que quiere es refrendarlo. Nomás que eso ya ocurrió: la mayoría le entregó un encargo de (casi) seis años en el 2018 y la mayoría votó nuevamente por Morena en el 2021. No es indispensable llevar al país al extremo de la polarización para saber que tenemos un presidencialismo contundente y evidente. No hace falta tensar las cuerdas de una nación que ya está pasando tragos muy amargos por los problemas que la agobian, solo para alegrarle la vida al líder.

La revocación del mandato nos llevará a un enfrentamiento innecesario, porque dividirá al país inexorablemente. ¿Pero qué necesidad? Si alguien cree que el presidente debe ser juzgado y defenestrado porque a su juicio ha cometido algún delito electoral, un acto de corrupción o cualquier crimen “por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana” —como dice el Artículo 108 constitucional reformado en febrero de este año—, puede acusarlo en cualquier momento ante el Senado. No es necesario organizar una parafernalia electoral compleja, cara y conflictiva para enfrentar las faltas que se le imputen al titular del poder ejecutivo. Si alguien tiene pruebas que lo inculpen y considera que son bastantes para despedir al presidente, podría presentarlas mañana mismo.

Dicen que no se trata de eso, sino de preguntarle al pueblo (una vez más) si quiere que el presidente siga o salga del puesto. Sin embargo, en lugar de respetar la voluntad soberana se la estaría negando, pues eso ya se decidió en el 2018 y la gente dijo que sí; y hace apenas diez semanas volvió a preguntarse si le otorgaba mayoría a su partido y la gente volvió a decir que sí. ¿Qué parte de ese mandato popular no acaba de entenderse?

Si el presidente vuelve a obtener la mayoría en marzo del 2022 no habrá cambiado nada, porque la consulta no le otorgaría facultades absolutas, no eliminaría la existencia de las instituciones autónomas que le chocan, no abrogaría la existencia de los otros dos poderes, ni anularía al federalismo. Si refrenda el cargo seguiríamos exactamente igual, pues tampoco se granjearía simpatías adicionales por haber ganado otra vez. Pero si llegase a ocurrir un resultado diferente, el país caería en una crisis política espantosa en un momento que reclama todas nuestras capacidades para salir del bache económico y social en el que estamos. ¿Para qué, si ya sabemos que el presidente tiene todos los hilos de la conducción política de México en sus manos?

La consulta sobre la revocación del mandato no tiene ningún sentido ni le conviene a nadie. Es un gesto inequívocamente ególatra que no tiene otra explicación posible que la idea obsesiva de ganarlo todo y arrasar con todo lo que se contraponga a la adoración masiva hacia el líder máximo, sencillo y bueno.

Investigador de la Universidad de Guadalajara.

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