Decir que el paso del tiempo es inexorable es una obviedad. Pero cobra un sentido distinto cuando se plantea desde el inevitable desgaste cotidiano al que se somete el poder. Todavía no se cumple el primer año del nuevo gobierno y ese enemigo implacable, el tiempo, ya comienza a ejercer su labor corrosiva. El maldito tiempo, que va cerrando la puerta a las oportunidades perdidas, que va modificando el cuadro de actores, escenas y protagonistas políticos, que va perfeccionando los viejos problemas y acumulando desafíos nuevos, mientras transcurre, impasible.
El ejercicio del poder tiene muchas ventajas: el control de la agenda y el predominio de la versión propia sobre cualquier otra, están entre las principales. Pero ninguna de las dos dura mucho. Mientras se construye, el poder político va ganando espacios en la atención colectiva, va fijando los temas que habrán de imponerse en la deliberación pública y va determinando la forma y los contenidos para abordarlos. Dominar la agenda significa gobernar el uso del tiempo: quien lo consigue —en una relación personal, en una familia, en una organización o en todo el país— goza del privilegio de decidir sobre el tiempo y la atención prioritaria de los demás. ¿Quién manda aquí? Manda quien decide lo que se hará cada día y quien ordena los temas y sus contenidos. He aquí la síntesis del poder realmente ejercido: el que se mide por la cantidad de tiempo que cada uno logra imponer a los otros.
Sin embargo, es un arma de doble filo. No solo es un recurso limitado y no renovable, de modo que cada segundo perdido es simplemente irrecuperable, sino que también es irremplazable. Podrán corregirse los errores ya cometidos, pero es imposible volver al momento exacto en que se cometieron: enmendar equivale a gastar tiempo, más tiempo. Y de otro lado, su transcurso impone ciclos eslabonados de causas y efectos; es decir, va tejiendo consecuencias sobre las decisiones tomadas. Por eso, aunque vivimos en tiempo presente y soñamos con el futuro, en realidad todos somos esclavos de nuestro pasado. El muy conocido aforismo de José Ortega y Gasset, según el cual “Yo soy yo y mis circunstancias”, podría leerse como “Yo soy yo y mi tiempo de vida”. Y en materia política, esto es especialmente cierto.
De entrada, conforme evolucione el sexenio (el sexenio: seis años) irá agotándose poco a poco el espacio disponible para seguir cargando sobre el pasado todas las razones de los problemas presentes; como recurso político, el pasado también tiene caducidad. Y lo mismo puede decirse de los compromisos ya formulados y, especialmente, de los más ambiciosos. Conforme avancen las horas, se irán estrechando los márgenes disponibles para afirmar la igualdad, para volver a crecer, para someter a la corrupción y para garantizar la seguridad. No es lo mismo hablar de estos temas con la libertad que ofrece el nacimiento de un nuevo gobierno, que hacerlo mientras corre el reloj: proponer soluciones audaces no es lo mismo que ofrecer resultados tangibles; entre unas y otros se cuela la pátina.
Por último, el tiempo produce cambios en el escenario político. Inexorablemente, la figura presidencial irá cediendo su espacio a otros personajes, como de hecho está sucediendo: gobernadores, legisladores y dirigentes que poco a poco irán ganando notoriedad —por buenas y por malas razones— y que irán disputando la agenda prioritaria del presidente hasta, eventualmente, ir imponiendo sus propios temas. Así que repito: decir que el paso del tiempo es inexorable es una obviedad, pero más vale tenerla presente. Si alguien cree que la situación que hoy vivimos será eterna y toma decisiones haciendo caso omiso al paso del tiempo, habrá cometido un error garrafal: más vale aplacarse. El sexenio comienza a moverse y nadie, nadie absolutamente, puede evitarlo.
Investigador del CIDE
