Me gustaría creer que hay salidas ante el dilema en el que está el INE pero, sinceramente, no alcanzo a verlas, pues las premisas que enfrentan al Ejecutivo con el órgano autónomo son irreconciliables: el presidente sostiene que la consulta sobre la revocación del mandato puede organizarse con los recursos que ya están aprobados, aunque tengan que modificarse los procedimientos establecidos en la ley; y el órgano electoral afirma que su obligación es seguir las reglas del juego previstas y que eso resulta inviable si no cuenta con más presupuesto.
Para la Corte será imposible zanjar ese debate sin vulnerar alguna de esas premisas diametralmente opuestas: o bien le otorga al INE facultades plenas para saltarse las reglas e improvisar soluciones que privilegien la austeridad, o bien le instruye a la Cámara de Diputados a aprobar los recursos que faltan para cumplir a cabalidad con todos los requisitos descritos por la ley de revocación de mandato. No existe ninguna solución intermedia: o se quebranta la ley para ahorrar el dinero, o se entrega el dinero para cumplir con la ley.
La Corte aplazó su veredicto hasta que sea inminente que se reunieron las firmas para convocar esa consulta que, como dice la norma vigente, debe hacerse exactamente de la misma manera y con las mismas casillas que se utilizaron en la elección federal. Y aunque eso no lo sabremos sino hasta bien entrado el 2022, dudo que el aparato político que respalda al gobierno fracase en su cometido: si se han propuesto reunirlas lo más probable es que lo consigan (y si eventualmente no lo hacen, seguramente se abriría una confrontación diferente); pero si las firmas quedan acreditadas, la Corte tendrá que pronunciarse sin medias tintas.
Si la Corte optara por la austeridad, tendría que contradecir de plano al Legislativo para que el INE invente procedimientos inéditos (y baratos) para organizar la consulta, pasando por encima de los que establece puntualmente la ley y, además, tendría que instruir al Tribunal Electoral para que acepte esos atajos con los ojos cerrados. De lo contrario, emitiría una sentencia con reminiscencias de la Colonia: obedézcase pero no se cumpla. Si la Corte, en cambio, atendiera el principio invocado por el INE, según el cual nadie está obligado a lo imposible, tendría que imponerse sin retruécanos sobre la mayoría de los diputados federales y contradecir frontalmente al presidente de la República. Insisto en que le será imposible quedar bien con todos, porque en este punto no hay manera, a la vez, de ahorrar y cumplir cabalmente la ley.
¿Sería posible que el Poder Legislativo aceptara modificar la ley de revocación de mandato sobre la marcha, en armonía con el INE, para buscar procedimientos menos complejos y menos caros para esta consulta? La respuesta técnica es: sí, porque ese poder encarna la soberanía nacional y podría hacerlo; pero la evidencia disponible nos dice que esa salida es políticamente improbable, dado el encono que sigue escalando día a día.
Si la Corte optara, en fin, por acatar la voluntad completa del presidente y ordenara al INE cumplir todos los extremos de la ley que debe seguirse y le instruyera a hacerlo, además, con el presupuesto aprobado por el Legislativo, estaría asumiendo el papel del verdugo de ese órgano autónomo, pues lo condenaría al incumplimiento del conjunto de sus obligaciones legales, que son mucho más amplias que la sola organización de esta consulta bizarra, promovida personalmente por el presidente de la República para revocar su propio mandato —con la contradictoria intención de verlo ratificado—.
Como venga, pues, el desenlace de este entuerto prefabricado producirá un descalabro mayúsculo para la vida política del país. Corrijo: ya lo produjo, pero podría ser peor.
