Si nos atenemos al clásico más citado sobre el tema, encontramos que hay tres fuentes de legitimidad: la tradicional, la carismática y la legal. El creador de estas categorías, Max Weber, no ignoraba que el poder político se construye con la fuerza y se mantiene con la coacción. Pero los gobernantes no pueden sostenerse mucho tiempo sin el respaldo y la aceptación de la sociedad a la que gobiernan. En la definición del Estado como el monopolio legítimo de la coacción, la palabra clave no es coacción, sino legitimidad.
Por eso, el desafío más importante que enfrenta el Estado venezolano es la reconstrucción de la legitimidad que fue perdiendo durante el gobierno de Nicolás Maduro, porque la dominación carismática de Chávez no era heredable, porque la tradición “bolivariana” no existió más allá de la retórica y porque traicionó la ley para consolidar una dictadura inútil. Intentó simular una legitimidad basada en la movilización popular y fracasó al perder las elecciones y desconocer sus resultados. Se quedó por las armas y la represión, dividió al país y creó las condiciones para un conflicto interno sin solución de continuidad, agigantado ahora por la estúpida invasión del ejército de los Estados Unidos.
Utilizo la expresión de “estúpido” como la conducta de quien, según la definición de Carlo Cipolla, hace daño a otros sin obtener a cambio ningún beneficio. Se dice que la decisión estuvo motivada por la codicia; y que, ante la flaca legitimidad de Maduro, el presidente Trump decidió hacerse del petróleo venezolano mediante la imposición militar de un gobierno local vencido, sometido y obediente. Pero mientras avanza el reloj, más evidente se hace que esa imposición no será cosa de coser y cantar, pues los grupos proclives a la dictadura no se rendirán sin ofrecer resistencia –con el respaldo de varios gobiernos de la región y de otros lugares del mundo-, mientras que la oposición política de los Estados Unidos echará mano de todos los recursos a su alcance para frenar los avances imperialistas unilaterales del presidente Trump. Se llevaron a Maduro, pero dejaron los problemas.
Nadie podrá alegar que el ejército estadounidense actuó sin vulnerar las leyes de su país y las normas internacionales, de modo que ningún gobierno emanado de la invasión gozará de legitimidad. Ya no la tenía Maduro, pero tampoco la tendrá quien decida gobernar como pelele de la Casa Blanca. Y mientras se cruzan apuestas e insultos entre los partidarios a ultranza de la intervención armada y los defensores del régimen bolivariano, los venezolanos seguirán siendo víctimas de un juego de suma cero entre la dictadura trágica y el emperador espurio.
Es imposible aplaudir al energúmeno que secuestró al dictador, sin caer en una contradicción flagrante. Quien defiende esa decisión apelando a motivos éticos, convalida que el gobierno más violento del mundo decida libremente a quién, cuándo y cómo intervenir en otros. Es preciso recordar que el presidente Trump ha ido tejiendo día a día una telaraña de argumentos para justificar esos ataques, pasando por encima de lo que le viene en gana.
Quienes hoy defienden el derecho de los Estados Unidos a intervenir en Venezuela, tendrán que hacerlo mañana si Trump decide declararles la guerra armada a los cárteles mexicanos, como lo ha venido advirtiendo. Y si esto llegase a suceder, conocemos de sobra el desenlace: la violencia crecerá, atizada por la violencia (como sucedió en el sexenio del presidente Calderón).
No rotundo. Los únicos que pueden participar con éxito en la reconstrucción de la legitimidad democrática de su gobierno, son los venezolanos. Y los únicos que debemos pacificar a México somos los mexicanos. No será fácil y ya no será incruento. Pero nadie más puede ni debe asumir esas tareas.
Investigador de la Universidad de Guadalajara