Se especula que, ante el posible rechazo a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que envió a la Cámara de Diputados, la presidenta Sheinbaum optaría por retomar el plan B de López Obrador: aquél que fue anulado por la Corte en 2022 debido a los vicios de procedimiento en los que incurrió la bancada de Morena. Yo creo que esa especulación está equivocada, pues me resulta imposible imaginar siquiera que el gobierno esté decidido a repetir aquella historia, pero esta vez como una farsa.
Quienes afirman esa especie alegan que eso fue lo que sugirió la presidenta Sheinbaum en una conferencia mañanera y dicen que, si no estuviera convencida de llegar hasta el último recurso disponible para hacer valer su iniciativa, tampoco se habría prestado a repetir los argumentos que ha empleado para justificarla, aun a sabiendas de que no resisten ningún examen de coherencia.
De entrada –como lo ha probado el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine)– el proyecto de la presidenta no responde a la consulta ciudadana que ella misma convocó a través de la comisión presidencial creada para ese propósito. Al revisar con lupa las propuestas presentadas en los foros públicos y en la plataforma de esa comisión, salta a la vista que esa consulta fue desoída y desechada: los redactores de la iniciativa no escucharon a quienes confiaron en su interlocución. Por el contrario, el proyecto que escribieron contradice o pasa por alto la mayor parte de las propuestas presentadas en los foros.
Quizás era irrelevante, pues la presidenta ha repetido muchas veces que su propósito fundamental –además de ahorrar dinero– es que las cúpulas de los partidos ya no decidan quiénes serán electos como representantes populares. Dice que por eso quiere eliminar senadores y diputados de representación proporcional: para que la gente decida con su voto quiénes llegan. Sin embargo, deja intactas las causas de lo que dice combatir. ¿Quiénes designan a las y los candidatos para todos los cargos públicos de elección popular? Respondo: los partidos. Salvo la muy estrecha ventana que se abrió para las candidaturas independientes, son las cúpulas partidarias quienes deciden, con métodos más o menos abiertos o más o menos autoritarios, quienes estarán en las boletas. Y solo estando en la boleta puede pedirse el voto popular. No. La influencia de los partidos no se limita a hacer listas de representación proporcional, sino que abarca todas las listas de candidatas y candidatos a todos los puestos en disputa. Con el debido respeto, el argumento de la presidenta Sheinbaum es falaz.
Tampoco es cierto que salir a hacer campaña en tierra durante unas semanas sea suficiente para que la gente sepa todo lo que debería saber, antes de ir a votar. De hecho, sabemos muy poco (o casi nada) de quienes compiten por los votos. La propaganda se hace con fotografías (fotoshopeadas) y frases sueltas de personas cuya trayectoria y cuyo pensamiento propio ignoramos casi por completo. Si no hubiese partidos detrás de ellas y ellos, iríamos completamente a ciegas. Y al contrario de lo que afirma la presidenta, son las identidades partidarias las que marcan las verdaderas preferencias electorales. ¿O acaso Claudia Sheinbaum, por ejemplo, habría ganado la elección del 24 con cualquier otro partido y sin el sello identitario de Morena y de López Obrador? Por supuesto que no.
Me resulta imposible suponer que la presidenta no sabe que los partidos designan candidatos y que los candidatos se conocen poco en las campañas. Son los partidos los que importan. Y es a éstos, a los partidos, hacia quienes están dirigidas las baterías de esta iniciativa, para minarlos tanto como se pueda antes de las siguientes elecciones. Todo lo demás es paja.
Investigador de la Universidad de Guadalajara