La extorsión en general es uno de los delitos más sensibles para la sociedad y lo es en particular la que se realiza vía telefónica desde los Centros de Readaptación Social federales y estatales (Ceferesos y Ceresos).
La obligación de instalar equipos para bloquear señales de telefonía al interior y en el perímetro de los centros penitenciarios se estableció desde 2012 en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la disposición sigue vigente en la ley que la sustituyó.
No obstante, durante más de una década la norma no se aplicó en la medida requerida o fue saboteada desde las propias administraciones, en algunos casos en sistemas de facto de autogobierno o cogobierno, por lo que no se logró contener la extorsión desde estos sitios, práctica que constituye uno de los desafíos más relevantes que enfrenta el combate a la extorsión, como lo han documentado diversas instancias públicas y privadas.
Ahora la estrategia nacional contra la extorsión, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum hace seis meses, deja ver la comprensión del gobierno federal de la magnitud del desafío y la voluntad política de combatirlo.
Como parte de esta estrategia, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que entró en vigor hace poco más de un mes, proporciona un marco legal para asegurar la homologación de normas estatales y la participación coordinada de las entidades federativas.
Es un reto sumamente complejo, por lo que necesariamente la estrategia requerirá establecer parámetros de evaluación y ajuste para ir aumentando su eficacia, luego de años en los que la problemática fue en ascenso.
Como en otros delitos, las cifras que se registran por denuncias reflejan una parte de la realidad, pues hay cifras negras que solo podrán abatirse mediante el incremento de la confianza ciudadana para denunciar, lo que puede alentarse con respuesta eficiente y un desempeño gubernamental sostenido que ratifique el compromiso, como la promulgación de la ley, y el reporte periódico de avances, como se hizo en diciembre.
La puesta en operación de la línea de atención 089 permitió recibir 102 mil llamadas entre julio y noviembre de 2025; 75 por ciento de estas se refirieron a intentos de extorsión no consumados y 10 por ciento a extorsiones efectivas. El cúmulo de llamadas da idea de la dimensión del reto. Por ello es tan importante que esta vía de atención funcione y que la respuesta institucional aliente a la ciudadanía a seguir denunciando.
En cuanto a los Ceresos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que en los primeros tres meses de este año quedará bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Este es un compromiso medible, que deberá ser replicado por las 31 entidades restantes, que son responsables de sus centros de readaptación.
Los vicios que han prevalecido durante años en la mayoría de los centros penitenciarios complican el objetivo de impedir que desde ellos se extorsione vía telefónica. Así lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace años, incluso en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, en el que reitera que en algunos penales “las personas privadas de la libertad realizan actividades ilícitas, así como actividades propias de la autoridad (autogobierno/cogobierno)”.
Tal como se advierte, el bloqueo de las señales de telecomunicaciones es indispensable, pero no será suficiente, pues será necesario abordar las complejas condiciones en la administración de los Centros de Readaptación Social.
Especialista en derechos humanos. @mfarahg