Se hizo viral un video en donde se ve a la presidenta molesta frente a un grupo de manifestantes en un municipio del estado de Puebla. Les reclama que, a pesar de que les había dicho que los recibiría, ellos fueron a manifestarse a un evento público. Muchos elementos de la escena llaman la atención: el tono de la presidenta, sus gestos, la respuesta de los manifestantes. Todo esto puede analizarse con cuidado. Me interesa centrarme en otro punto: en lo que dice esta imagen del Estado mexicano.
Fernando Escalante acaba de publicar un magnífico ensayo en Nexos.1 Es una visión crítica de nuestro proceso de transición y una explicación de la situación actual del país. Es un texto que hay que leer varias veces y con lápiz en mano. Entre muchas otras cosas, dice Escalante que la transición —no sólo política, sino económica e institucional, de finales del siglo XX— fue un proceso de desmantelamiento de las redes de intermediación que había en el antiguo régimen. La liberalización de los mercados, la privatización de decenas de empresas públicas, el Tratado de Libre Comercio, la autonomía del Banco Central, aunado a la creación del Instituto Federal Electoral y al descrédito del régimen político de partido, trajo como resultado la despolitización de la vida pública del país. Serían los mercados —económicos y electorales— los que darían a cada quien lo suyo, es decir, serían los nuevos modelos de gobernabilidad: sólo habría que dejar que operaran de acuerdo con los modelos de la época. El Estado —y de manera especial, la presidencia— se debilitó en favor de otras instituciones.
Debido a estos cambios, las funciones de intermediación que ejercía la clase política de antaño se dislocaron, mas no dejaron de existir. En otras palabras: no desaparece la necesidad de intermediación, sino que cambia de lugar. El régimen de la transición merma considerablemente el poder de funcionarios del Ejecutivo federal —de esa élite reformadora— y da origen a un fenómeno de dispersión política que fortalece a las clases políticas locales, ya que el Estado nunca deja de depender de un “extenso sistema de intermediación política: con sindicatos, ligas agrarias, maestros, empresarios, transportistas, pescadores, vendedores ambulantes, contrabandistas”, y un gran etcétera. La función básica de los intermediarios pasó a ser, entonces, “negociar el cumplimiento selectivo de la ley en beneficio de su clientela —con garantía de impunidad”. Por tanto, concluye Escalante, “el resultado fue un vaciamiento progresivo del Poder Ejecutivo federal, acentuado por la pluralidad de las cámaras, y un descrédito general del régimen que toleraba (y amparaba) los mismos abusos de siempre o casi los mismos”.
Estas circunstancias fueron terreno fértil para la llegada de MORENA en 2018. No se necesitaba mucho para que un líder popular se aprovechara de los avances electorales (que los votos efectivamente contaran), y de la combinación de ira con frustración de gran parte de la población. En lo que no reparó el obradorismo fue en que el Estado era otro. No es ese de los setenta, en donde manda el mítico Tlatoani, sino un Estado frágil en extremo, y que ellos debilitaron aún más. López Obrador se aprovechó de los pactos locales para ganar la presidencia y, una vez ahí, restableció el poder de intermediación de la clase política, al tiempo que desmanteló los controles institucionales. Nunca entendió que “los límites y contrapesos y los obstáculos de la división de poderes son recursos de gobierno, es decir, ayudan a gobernar también cuando estorban y precisamente cuando estorban institucionalmente. Nadie entendió que eso es el Estado, que en eso consiste el poder, la posibilidad de concentrar el poder. Ni que la destrucción de una mediación institucional implica inmediatamente el surgimiento de una mediación personal: con menos reglas, menos límites, menos disciplina”. El resultado es una presidencia mucho más débil (dependiente de esos pactos locales y cada vez más de EE. UU. y de los militares), con menos instrumentos de gobernabilidad, sujeta a centenares de negociaciones al margen de lo institucional.
Vuelvo a pensar en la imagen de la presidenta reclamando a los manifestantes en Puebla, luego me viene otra de hace unas semanas en donde regaña a un grupo de diputados locales. Luego repaso todas las veces en que ha respondido directamente, personalmente, a todo tipo de problemas: desde la pésima redacción y fracaso de su intento de reforma electoral, hasta la confrontación con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y no sólo veo a una presidenta sola, sin gabinete, que tiene que salir a dar la cara en todos y cada uno de los infiernos cotidianos del ejercicio del poder. Sino que veo a un Estado mexicano esquelético cuyo único sostén es que la presidenta se haga cargo de todo con la palabra pública, sin que realmente pueda resolver nada.
Cuenta de X: @MartinVivanco