¿Qué está en juego con la consulta para enjuiciar a los expresidentes?

Martín Vivanco Lira

El simple desliz de la posibilidad de llevar a cabo una consulta para juzgar a cinco expresidentes despierta un gran interés. Se esgrimen, principalmente, dos argumentos a favor de hacer esta consulta. El primero va en el sentido de que es un ejercicio democrático. El segundo es que el simple hecho de hacer la consulta tiene un valor pedagógico. Ambos son erróneos.

Democracia es un régimen en donde las decisiones colectivas no emanan desde arriba “de un sujeto”, sino que son el resultado de un proceso decisional que “emana desde abajo y en el que todos tienen derecho a participar de manera igual y libre” (Bovero). Por tanto, la democracia es el régimen de la libertad y de la igualdad política: si las reglas básicas del propio sistema no respetan estos dos principios, estamos ante otra cosa, pero no una democracia. Estos dos principios han aterrizado en múltiples normas que encontramos en nuestras constituciones y los hemos configurado como derechos. Esos derechos son los derechos fundamentales que se erigen, en sí mismos, como precondiciones para la democracia misma.

Va un ejemplo. Usted para participar en la vida democrática requiere de ciertas libertades: personal, de expresión, de reunión y de asociación. Si alguien le coarta alguna de estas, a usted le va a ser imposible ir a votar, asociarse a un partido político o contender por un cargo público, por lo que el propio sistema democrático no funcionaría. Pero además estas libertades deben estar igualmente distribuidas entre todos los ciudadanos de un país. Si solo una clase de personas gozan de estos derechos, no se cumple el principio de igualdad mencionado y tampoco habría democracia.

Teniendo esto en mente, imagine un escenario hipotético en que alguien llega al poder por las vía democrática. Cumplió con todas las reglas, respetó los procesos, y se hizo de la silla del águila. Además, su gran votación, lo llevó tener mayoría simple en el Congreso y todas las encuestas señalan que el 60% de la población real apoya todas sus medidas. Ahora piense en el escenario en que esa persona presenta una iniciativa de ley en la que propone quitarle el derecho al voto a todos aquellos que no tengan un patrimonio de mínimo un millón de pesos. La iniciativa es aprobada en minutos y por aclamación. Su reacción, estoy casi seguro, sería de extrañeza, de que algo va mal. Es más, después de eso usted podría calificar a su país como no democrático y estaría en lo correcto.

Pero recuerde que el proponente cuenta con toda la legitimidad y con el apoyo de la mayoría. ¿Cómo puede ser esto así y al mismo tiempo ser la medida antidemocrática? La respuesta no está en el deseo de las mayorías, sino en el respeto a los derechos fundamentales que hacen posible la democracia. Esta disyuntiva –entre los deseos de la mayoría y los derechos fundamentales- ha estado en el pensamiento político desde hace años.

Por eso, nos dimos a la tarea de limitar los poderes que pueden destruir a a la democracia –incluidos, por supuesto, el poder de la mayoría- y para eso inventamos una documento al que le llamamos Constitución. Ahí consagramos los derechos y las libertades y les dimos la máxima jerarquía dentro del mismo. Cualquier norma que los contravenga será nula. Además, los atrincheramos haciendo que su reforma pase por un método más riguroso que el de una simple ley: necesita ser votada por más personas en más lugares.

¿Qué tiene que ver esto con la consulta para el juicio a los expresidentes? Todo. Porque “una Constitución no sirve para representar la voluntad común de un pueblo, sino para garantizar los derechos de todos, incluso frente a la voluntad popular” (Ferrajoli). Y dentro de los derechos que protege nuestra constitución están, por supuesto, el derecho que tenemos todos a tener un juicio con reglas claras y posibilidad de defendernos. Poner a consulta el juicio de los expresidentes viola ese derecho. Así como poner a consulta el derecho al matrimonio igualitario violentaría el derecho a no ser discriminado, o poner a consulta el derecho de cierta minoría de ingresar a ciertos planteles escolares viola el derecho fundamental a la educación. El argumento es el mismo: los derechos son indisponibles para la mayoría porque son el sostén de la democracia. Y al revés: si todos los derechos son disponibles no hay democracia posible. Ahora bien, eso no significa que no se pueda juzgar a un expresidente. Si se encuentran elementos, adelante. Una cosa es consultar para juzgar y otra juzgar porque se debe y puede.

Por último, respecto al argumento de que la simple consulta sería un ejercicio pedagógico para la ciudadanía, me parece que hay una confusión de términos. Pedagogía es la práctica de la enseñanza de un aspecto o área. No me queda claro qué se estaría enseñando en un sentido pedagógico –y positivo- en esta consulta. Si lo que quieren decir es que se mostraría el pasado corrupto, eso no es educar, sino exhibir y eso se hace en cada mañanera. Sin embargo, al celebrarse la consulta sí habría una enseñanza pero negativa: que no importa lo que diga la Constitución ni los derechos fundamentales porque, al final, estos se pueden poner a consulta y la mayoría puede disponer de todo.

@MartinVivanco

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