Yasmín Esquivel debe irse porque está en riesgo uno de nuestros derechos más fundamentales: el de ser juzgados “desde el Derecho”. Me explico.
A los jueces se les pide que sean independientes, esto es, que en sus resoluciones sólo se aduzcan razones jurídicas, no políticas o exógenas al ámbito jurídico. Es común pensar que este requisito se cumple siempre y cuando ellos fundamenten y motiven sus resoluciones. Esto es, cuando argumentan por qué una norma jurídica es aplicable al caso concreto. Sin embargo, el principio de independencia exige que no sólo se justifique la decisión, sino que las razones que llevaron a la jueza o juez a escoger tal o cual norma (o interpretación) sea también conforme al Derecho. Un ejemplo de Carlos Santiago Nino lo ilustra muy bien:
“La razón por la que Pedro mató a su mujer es que ésta hablaba demasiado; pero ‘hablar demasiado’ no es razón para matar”.
El ejemplo anterior ilustra una diferencia fundamental: no es lo mismo explicar que justificar. Una razón explicativa lleva a entender los móviles de la conducta de Pedro, la otra es una razón justificativa, a saber: “la valoración de la conducta de Pedro”, la cual obviamente es negativa. Por tanto, lo que se les pide a los jueces es que tanto sus móviles como sus valoraciones vayan de acuerdo con las razones que suministra el propio Derecho.[1]
En el caso de Esquivel no hay manera de que haya independencia en sus decisiones porque sus móviles están más que comprometidos. Aunque ella sabía que plagió su tesis —y, por tanto, no debería ser abogada— aceptó su nominación a la Corte y asumió el cargo. Esta aceptación, ahora más que nunca, implica subordinación.
Hoy en día lo que la sostiene en su cargo son factores de poder puro y duro. A pesar de todo lo que se ha dado a conocer, ella sigue aferrada a su cargo. Por algo ha de ser. No descarto que tenga un serio problema de disonancia cognitiva y de verdad piense que no hizo nada mal, pero en este punto, sólo al presidente le conviene que se quede en la Corte. Él necesita el voto de Esquivel para que sus leyes no sean echadas para atrás en la Corte. Esto implica que Esquivel no va a actuar conforme al Derecho, sino que tratará siempre de buscar la interpretación que más beneficie a los intereses de AMLO. Si antes se puso en entredicho su independencia por la cercanía de su esposo con el presidente (y por su poderío económico), ahora no cabe duda de que será una operadora autómata de los designios presidenciales.
Esto es gravísimo porque el deber de independencia de los jueces (juzgar desde el Derecho y no desde sus intereses políticos y económicos) garantiza el derecho de todos nosotros de ser juzgados desde el Derecho, es decir, por normas dadas de antemano y a través de las interpretaciones que más favorezcan a nuestros derechos. Esquivel no lo hará. Ella no juzgará conforme a la Constitución, sino conforme a la voluntad del presidente. Por eso es imperativo que alguien la saque de la Corte (el Senado o la propia Corte), ya que no es sólo el prestigio de la UNAM o de la SCJN lo que está en entredicho, sino la garantía de la defensa de nuestros derechos como ciudadanos.
Abogado y analista político
