Después de haber dedicado la última década de mi vida al estudio del financiamiento electoral puedo afirmar sin reservas que sin un financiamiento público y equitativo de las campañas políticas no hay democracia posible. Estoy lejos de ser el primero en decirlo, de hecho, es un debate profundo en la filosofía política. Las bases del argumento se encuentran en John Rawls, pero más allá de la teoría, es momento de repensar el financiamiento público a partir del estado actual de la democracia mexicana. Con estas bases podremos analizar el esquema de financiamiento que contemple la reforma electoral en ciernes. Si menosprecia el financiamiento público, beneficiará al partido en el poder y fortalecerá a la plutocracia mexicana en detrimento de la democracia. Pero no sólo se trata de esperar y criticar, nos toca proponer, tenemos que idear una nueva estructura para un sistema electoral auténticamente democrático. Con este propósito, María Marván y Javier Martín Reyes coordinaron un proyecto de análisis y discusión que quedará plasmado en el libro Reforma sin regresión, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tuve el honor de participar con una propuesta para repensar el modelo de financiamiento electoral. En lo que sigue presentaré los puntos principales que desarrollé con mayor profundidad en el libro.
El dinero está al centro de cualquier resultado electoral y determina su legitimidad. Quienes consiguen los recursos suficientes pueden ahogar las propuestas de sus contrincantes en montañas de una propaganda omnipresente. El costo de las campañas, al mismo tiempo, impide que muchos ciudadanos con interés en la política se postulen como representantes. De ahí que sea necesario un financiamiento público que garantice el derecho a participar y equipare el gasto de todos los contendientes. El problema actual es que tenemos ambos: recursos públicos distribuidos de formas desiguales y recursos privados empleados para desequilibrar aún más el resultado. Mientras unos cuenten con mayores recursos —ya sean propios, donaciones de las élites o una combinación de ambos— y los otros no obtengan lo mínimo para comunicar su mensaje al electorado; no podremos afirmar que los resultados sean propiamente democráticos. Porque detrás del dinero está el poder.
La distribución del presupuesto electoral en México es injusta en dos escalas diferentes. Por un lado, dentro de los partidos el dinero se concentra en las dirigencias (federales y estatales) y desde ahí se decide cuánto recibe cada candidato. La política local tiene todas las de perder. Luego, entre partidos reciben muchos más recursos los partidos en el poder que las minorías políticas. Desde la reforma electoral de 1996 se estableció la famosa fórmula 70-30 que determina un piso parejo del 30% del presupuesto para todos los partidos y luego una abrumadora mayoría del 70% según el resultado de la última elección. De manera que los partidos en el poder tienen muchos, muchos, más recursos que los opositores. Y, para terminarla de rematar, entre más poder, más posibilidades de hacerse de más dinero ilegal para las campañas. Pensemos en el contexto de desigualdad económica: sólo las grandes fortunas pueden financiar las campañas políticas y siempre van a apostar por quienes ya tienen algo de poder. Esto nos da gobernantes serviles a las élites. En palabras de la economista francesa Julia Cagé “nuestros votos tienen un ‘precio’ y por eso cada vez más políticos responden únicamente a las preferencias de los más privilegiados —de quienes contribuyen financieramente a sus campañas electorales— y no a las de sus militantes, que les dedican tiempo”.[1]
En el papel, la regulación electoral mexicana prevé estas distorsiones y sanciona el financiamiento privado de las campañas. Pero en la práctica, a cualquier candidato le conviene romper la ley y pagar la multa correspondiente una vez en el poder. Lo que resulta es una suerte de financiamiento mixto que combina recursos públicos y privados. Uno de los mayores problemas con este esquema mixto es que el dinero público se suma al financiamiento privado ilegal, de forma que quienes tienen más peso son los donadores ilegales pero el dinero público sigue ahí, sólo que se convierte en un instrumento de esos mismos intereses privados que terminan definiendo los resultados de las elecciones. Así se gesta el secuestro de nuestro sistema electoral y la privatización de la democracia.[2]
Si la regulación ya limita —e incluso prohíbe— el financiamiento privado de las campañas sin que esto logre erradicarlo efectivamente, ¿cómo resolvemos este problema? Podríamos empezar por reestructurar la distribución del presupuesto entre partidos para favorecer a las minorías políticas mediante un esquema 60-40 en lugar del 70-30. Pero, más aún, podríamos democratizar el presupuesto mismo, como sugiere Cagé. Esto se lograría mediante lo que ella llama “Bonos para la Equidad Democrática” que consiste en otorgar una misma cantidad de bonos a cada ciudadano para que libremente decida destinarlos a los partidos políticos de su preferencia a la hora de hacer su declaración anual.[3] Independientemente de los impuestos que pague cada ciudadano, todos tendríamos acceso a la misma cantidad de bonos y podríamos optar por darlos todos a un mismo partido o distribuirlos entre diferentes alternativas para favorecer la pluralidad. De esta manera se complementaría la fórmula de reparto general (60-40), pero de forma anual, lo que incentivaría a los partidos a representar efectivamente a su electorado para mantener o incrementar su presupuesto.
El objetivo de propuestas como ésta es que veamos al financiamiento del sistema de partidos y las campañas políticas no como un elemento neutral de la democracia, sino como una decisión central que, por sí misma, determina la viabilidad de una representación política real, que incluya a toda la ciudadanía. El primer paso es defender el financiamiento público. Pero una vez logrado, la tarea no termina, hay que poner los recursos al servicio de la democracia, no de quienes ya tienen el poder. El dinero puede pasar de ser un agente corrosivo para convertirse en un poderoso mecanismo de rendición de cuentas.
@MartinVivanco
[1] Cagé, Julia, El precio de la democracia, Grano de Sal, 2021, p. 276.
[2] Ibídem, pp. 22-29.
[3] Ibídem, p. 297. En México, dados los niveles de informalidad, se podría extender a todos los electores del padrón electoral y no exclusivamente a los contribuyentes formales, ya que se estima que casi un 90% de los electores no son contribuyentes.