El presidente busca destruir al Poder Judicial. Tiene una estrategia y la está siguiendo al dedillo. En la elección del 2024 no sólo están los partidos en la boleta, sino también la Corte. No es casual el recorte draconiano que quiere hacer con la iniciativa que se cocina en el legislativo. Bajo la excusa de los “excesos” y con una retahíla de mentiras, el presidente busca sembrar un ánimo de rechazo contra el judicial entre su electorado. Veamos de qué va el recorte.

La iniciativa pretende recortar más de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, lo que equivale al 32% de su presupuesto total. Este dinero no se va a los “privilegios” de los ministros, más bien se trata de recursos que se administran en diversos fideicomisos para distintos fines: pensiones tanto de mandos superiores como mandos medios y personal operativo; prestaciones médicas; un fondo para fortalecer y modernizar la impartición de justicia; publicaciones; prestaciones médicas y remanentes presupuestales. Todos estos conceptos inciden en el derecho de acceso a la justicia y en diversos derechos laborales de miles de trabajadores de todo el poder judicial. Ellas y ellos, no se van a quedar de brazos cruzados. Van a impugnar y seguramente ganarán.

Además, reducir el presupuesto mina la autonomía e independencia del Poder Judicial. La autonomía deviene —en su mayoría—- del control que se tenga del presupuesto propio. Esto lo saben AMLO y sus asesores. La propia Suprema Corte (15/2021) ha resuelto que la autonomía en el control de la gestión presupuestal es condición necesaria para la independencia judicial. La pervivencia e independencia de cualquier poder público precisa de estabilidad presupuestal y de inmutabilidad salarial —es decir, una remuneración adecuada y, por supuesto, no disminuible—. La iniciativa que se pretende aprobar viola todo lo anterior.

Esta iniciativa será objeto de más de una acción de inconstitucionalidad por parte de las diversas oposiciones en el congreso. Y ahí está la trampa.

Insisto: AMLO sabe que la iniciativa no llegará a buen puerto, que seguramente la echarán para abajo en los tribunales. Pero a él esto lo tiene sin cuidado, es más, no me sorprendería que lo que se busque sea precisamente esto. Me explico.

Las impugnaciones las va a resolver el propio poder judicial. Inevitablemente, será juez y parte. Y ahí entrará el presidente: un día sí y otro también se dedicará a golpear todavía más al poder judicial. Dirá que están defendiendo sus intereses, que son parte de la mafia en el poder, de la élite que no se compadece de los intereses del pueblo. Los seguirá pintando como el enemigo de la transformación.

Todo esto se dará dentro de un proceso electoral en donde la candidata del oficialismo ha dicho con todas sus letras que desea que los ministros sean electos popularmente, es decir, en palabras de Diego Valadés: una “colonización partidista de la justicia”.[1]

Así, el camino que recorrerá la iniciativa de recorte presupuestal, nutrirá la propuesta de la candidata y del presidente. AMLO tiene una habilidad enorme para socializar temas que parecerían demasiado abstractos como para importar en una contienda electoral. Recuerdo que en el 2021, yo siendo candidato a diputado federal, varias personas me reclamaban por el voto de las oposiciones en contra de la reforma eléctrica. Quiero subrayarlo: no me reclamaban por la falta de servicios públicos o de seguridad, sino por el voto en contra de una reforma excesivamente técnica y compleja. Reclamaban, claro, porque AMLO supo hacer de su discurso —“la reforma eléctrica bajará los costos de luz”, “protegerá la soberanía energética”, etc.— un ánimo social.

Lo mismo pasará con el tema de Suprema Corte en la elección del 2024. La Corte, como la conocemos, estará en la boleta del 2024. Necesitamos defenderla sin cortapisas.

Abogado y analista político

X: @MartinVivanco

[1] Domínguez Michael, Cristopher, “La elección popular de ministros es ajena al liberalismo mexicano. Entrevista a Diego Valadés y José Ramón Cossío”, Letras Libres, julio de 2023, disponible en:

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