El ministro Laynez otorgó una de las medidas cautelares más valientes en nuestra historia jurisdiccional. El viernes suspendió todos y cada uno de los efectos del “plan B” electoral. Esto quiere decir que no se aplicará la reforma en su conjunto hasta que se resuelva el fondo del asunto, es decir, hasta que el pleno de la Corte determine si el paquete de reformas es constitucional o no. No sólo es un respiro para el INE, sino un acto de salvaguarda de nuestro sistema de libertades.
La suspensión tiene como propósito conservar y proteger la materia del juicio —la estructura del INE y las reglas para las siguientes elecciones— de un daño irreparable. Va un ejemplo. Si una autoridad le clausura un negocio de forma arbitraria, usted seguramente impugnaría ese acto ante los tribunales. A usted le interesaría que su impugnación se resolviera rápido para reabrir su negocio lo antes posible. No sólo para volver a generar utilidades, sino para mitigar pérdidas por los gastos fijos que seguiría pagando. Y aunque en teoría la justicia debe ser expedita, sabemos que no lo es. Todo juicio lleva tiempo. Pero usted necesita reabrir su negocio cuanto antes para no quebrar. Supongamos que le dan la razón en el juicio y ordenan a la autoridad a levantar la clausura, pero su negocio ya quebró. Entonces el juicio no serviría para nada, el fallo sería totalmente inútil porque la clausura le produjo un daño que la sentencia materialmente no puede reparar. Precisamente para evitar esto existe el incidente de suspensión. Ésta es una medida cautelar que le permite al juzgador conservar la materia del juicio. Así, el juez podría levantar la clausura y dejar que usted opere su negocio mientras se dicta la sentencia. En una nuez, esto es lo que acaba de hacer el ministro Laynez con el “plan B”.
Las reformas pretendían desmantelar administrativamente al INE, quitarle autonomía y otras prerrogativas constitucionales, vulnerar los derechos ciudadanos de identidad, privacidad, representación y participación electoral, otorgar facultades inconstitucionales al Congreso de la Unión y a la vez quitarle aquellas relacionadas con la inclusión de personas con discapacidades, indígenas, y afromexicanas.1 Como señala el ministro, “de aplicarse el ordenamiento combatido, se podrían vulnerar de manera irreparable derechos humanos de la ciudadanía, en especial los de carácter político electoral que presuponen elecciones libres, auténticas y periódicas, organizadas por autoridades independientes e imparciales que se conduzcan en todo momento bajo los principios rectores de la función electoral previstos en el artículo 41, fracción V, de la Constitución Federal; los derechos humanos a la intimidad, privacidad e identidad, que se traducen en múltiples obligaciones para el Instituto Nacional Electoral en relación con la preservación y el resguardo de toda la información contenida en el Padrón Electoral, así como los derechos laborales del personal del referido órgano constitucional autónomo”.2
Por eso se suspendió la reforma. Así se evita un daño enorme —potencialmente irreparable— no sólo al INE sino a nuestros derechos político-electorales, y sí: a nuestra democracia. Sin libertad política no hay democracia posible. El voto debe contar y contarse y debemos comparecer a los procesos electorales en pie de igualdad y libertad. Laynez dio el primer paso para defender nuestro sistema de libertades, falta que los otros diez ministros y ministras estén a la altura de los tiempos y no claudiquen ante las embestidas que ya empezaron lanzarse desde
el poder. La suspensión y la siguiente invalidez constitucional son las mejores armas del derecho ante el autoritarismo: la justicia y la ley por encima de todos como reafirmación de la democracia.
Abogado y analista político
@MartinVivanco
