Otra vez el INE está en el ojo del huracán. Ahora por un reciente acuerdo que modifica la forma en que se asignarán los votos a cada una de las coaliciones en la próxima contienda electoral. El debate seguirá y, seguramente, llegará al Tribunal Electoral. Sin embargo, en este caso veo muy complicado que el Tribunal dicte que el INE actuó de forma ilegal.
El problema ya es conocido. Las coaliciones electorales han encontrado la manera de darle la vuelta a lo que dispone la Constitución a través de sus convenios de coalición. La Constitución el clarísima: ningún partido político puede estar sobrerrepresentado en más del 8% con respecto a su votación recibida. Esto quiere decir que solo le pueden adscribir a un partido un 8% de diputados por representación proporcional (RP). Por ejemplo, si el partido Y obtiene una votación nacional de 6%, sólo podría tener el 14% (6+8) del total de los diputados de la Cámara. Esta disposición constitucional es una regla, no un principio, lo que quiere decir que las condiciones de aplicación de la norma están perfectamente delimitadas y no hay margen de interpretación: o se cumple con la regla o no se cumple. Punto. Sin embargo, mediante los convenios de coalición los partidos han hecho fraude a la Constitución. El mecanismo es el siguiente.
El partido más popular de la coalición –digamos el partido A– lanza a candidatos que militan en los otros partidos –el partido B y C–; esos candidatos ganan la elección, pero en el acuerdo de coalición se dispone que esas victorias no se le cuenten al partido que los postula (el A), sino a los otros (B o C). Como los éxitos electorales se les cuentan a los otros partidos (B o C), pero no al postulante; por lo tanto, obtiene menos triunfos por la vía de mayoría relativa. De esta manera –disminuyendo sus triunfos– al partido postulante le corresponden más diputados por la vía de RP. Los famosos plurinominales se obtienen mediante una combinación de fórmulas con diversas variables, la principal siendo que a menor victorias en las contiendas por mayoría, más diputados plurinominales corresponden (así se legisló porque el fin de los plurinominales es darle cabida a las minorías en el Congreso).
Por la forma en que se construyeron las coaliciones, en el año 2018 la asignación de diputados a la coalición “Juntos Haremos Historia” fue –hay que decirlo– un burdo fraude a la Constitución. Los partidos coaligados, mediante lo dispuesto en su convenio respectivo, lograron que, a pesar de sólo haber recibido el 44% de los votos emitidos a la Cámara de Diputados, se les asignaran un porcentaje mucho mayor de curules a lo establecido: el 61.6%, o sea, una sobrerrepresentación del 17.6%, más del doble que lo permitido. En otras palabras, si bien recibieron una minoría de votos, esta distorsión les permitió obtener control de la mayoría en la Cámara.
Esto tiene un efecto gravísimo. En primer lugar, no sólo sobrerrepresenta una fuerza política, sino que subrepresenta a las demás. Esa mayoría artificial también creo una minoría artificial. Si bien fue contundente la victoria de AMLO con más del 53% de los votos; su coalición sólo logró el 44%, lo que quiere decir que por las demás opciones políticas votaron el 56%. Ese 56% se vio disminuido y sólo se le asignaron el 39.4% de curules. Los mexicanos no votaron “en cascada” en el 2018, sino que diferenciaron su voto: votaron abrumadoramente por AMLO y optaron por tener un contrapeso en el Congreso. Gracias al fraude a la Constitución, esta decisión no fue respetada y hoy el Congreso es controlado por el oficialismo.
Hace unos días el INE aprobó un acuerdo para corregir esta distorsión. Lo único que dispusieron es que van a revisar que las victorias se asignen a los partidos donde efectivamente militan los candidatos postulados. Lo hicieron en cumplimiento, a su vez, de una sentencia del Tribunal Electoral en donde se le ordena al INE emitir lineamientos para resolver el problema de la sobre y subrepresentación. Los ataques al Instituto no se hicieron esperar.
Se han dicho varias cosas en contra del INE. Que actuó a destiempo y cambió las reglas del juego una vez que ya había comenzado; no es cierto, la aprobación de las candidaturas se hará la próxima semana. Que va contra MORENA; no es cierto, también aplica a las demás coaliciones. Que la resolución es inconsistente, ya que en el 2012 y en el 2015 la cláusula de sobrerrepresentación también se violó y el INE no hizo nada para remediarlo; aquí se cae en la falacia naturalista: que así haya sido, no significa así deba ser. Además, la sentencia del Tribunal le otorgó un asidero normativo al Instituto que antes no tenía y por eso intervino en este momento.
Y lo más importante, este acuerdo no impone obligación alguna a los partidos, sólo regula la propia actuación del INE; es el Instituto haciendo explícita la forma como va a asignar los asientos plurinominales, antes del día de la elección, antes de saber los resultados.
El Congreso debe ser espejo de la pluralidad social del país. Para esto debemos defender, a toda costa, el principio sobre el que descansa todo sistema representativo: una persona, un voto. Si el voto de unos vale más que el de otros, no hay democracia posible. Por eso debemos defender al INE, porque bien lo dijo Snyder: las instituciones no se defienden solas, somos nosotros los que debemos defenderlas.
@MartinVivanco
