Las elecciones de 2027 son cruciales para el oficialismo: se juegan 17 gubernaturas, más los municipios de la mayor parte del país y, por supuesto, se recompone la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, los efectos de 7 años de una mala administración ya no se pueden ocultar. Ante la amenaza que les representa el disenso o la baja participación, Morena hará todo lo que esté en su poder —que es demasiado— por perpetuarse en el mismo. Desde centralizar aún más el poder debilitando al ayuntamiento y los congresos locales, hasta convertir la revocación de mandato en un arma de control político. Lo que vimos en el intento de reforma constitucional electoral y ahora su enésimo Plan B, es un intento desesperado por asegurarse de mantener el poder —y concentrarlo aún más— a la mala. Voy por partes.
Cuando se aprobó la revocación de mandato en 2019, defendíamos, con razón, este mecanismo que permite a la ciudadanía cambiar de opinión o castigar a quienes no cumplieron con lo que prometieron. Esta figura se presentó como una prerrogativa ciudadana que facilitaría la rendición de cuentas y serviría como un control al poder. En poco tiempo el oficialismo convirtió este derecho en un arma del poder contra el interés legítimo de la ciudadanía. Una de las claves para mantener los objetivos iniciales de la revocación de mandato como se estipuló en el artículo 135 constitucional, era que la consulta de revocación —o ratificación, según el resultado— no podía coincidir con las elecciones intermedias. La razón es simple: cuando una figura está sujeta a una consulta de este tipo, tiene derecho a defender su propia causa, a hacer campaña, y la presidencia no debe hacer campaña al mismo tiempo que el resto de sus compañeros de facción porque es la forma más directa de intervenir en el proceso electoral de formas que cancelan cualquier posibilidad de equidad en la contienda.
Más aún, la revocación de mandato presidencial da un falso mensaje de control ciudadano cuando en realidad es un instrumento para fortalecer presidencias de por sí sobradamente poderosas. Sólo hace falta ir a los casos de Venezuela y Bolivia para demostrarlo. El chavismo venezolano usó la revocación de mandato en 2004, en un periodo de tensiones políticas y polarización para darle una nueva fuerza a su entonces líder, Hugo Chávez. La mayoría rechazó la destitución y así se superó una crisis institucional que reflejaba la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición. Como resultado, la oposición se desarticuló por completo.1 Años después en 2016, cuando la ciudadanía intentó emplear este mecanismo supuestamente ciudadano para revocar a Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral aumentó el porcentaje de firmas necesarias para la viabilidad de la revocación y añadió́ requisitos (algunos solicitados por el partido oficialista), no previstos ni en la Constitución, ni en las leyes secundarias de la materia. Estas medidas demoraron un proceso que, finalmente, fue suspendido por tribunales penales.
Siguiendo el libreto, Evo Morales introdujo la revocación de mandato presidencial en Bolivia en 2008 para sortear una crisis política e institucional y volver a legitimar a su gobierno. Como resultado del proceso se ratificó y legitimó el cargo de Morales.2 Las motivaciones de fondo fueron simples: usar la consulta de revocación para acallar los discursos opositores, medir y revigorizar las fuerzas del líder popular ante un electorado que sabía controlar de distintas formas. Es evidente, tanto por el caso venezolano como por el boliviano que las consultas de ratificación (vendidas como revocación) del mandato presidencial son mecanismos de control vertical presentadas como controles ciudadanos. Cuando la iniciativa proviene de la presidencia —como es evidente en todos estos casos, incluso cuando se establecen procedimientos de recolección de firmas— se convierte en una gran herramienta, ya no para la ciudadanía, sino para la presidencia misma de fortalecerse y, en el caso de México que se busca compaginar con la elección intermedia, de fortalecer a su vez a toda su facción.
Se trata de una afrenta directa contra la oposición porque el oficialismo teme no volver a conseguir esa sobrerrepresentación que se dieron. Teme que la ciudadanía, al ver la precarización de los servicios públicos, el aumento en el costo de vida, la corrupción del régimen o la violencia desmedida; decida cambiar de opinión o exprese nuevamente su interés por apoyar a la oposición. El Plan B es una medida desesperada que, de triunfar, atenta contra lo más importante de nuestra democracia: la pluralidad de voces, la certeza de los resultados y, desde luego, la auténtica representación ciudadana.
Cuenta de X: @MartinVivanco