Todo parece indicar que, finalmente, hoy se presenta ya formalmente la iniciativa de reforma electoral. Hay que leerla con calma, sobre todo, las letras pequeñas. El power point de la Presidenta deja más preguntas que respuestas, pero lo anunciado tampoco es poca cosa. Si las líneas generales de lo anunciado se mantienen, la reforma electoral propuesta por la presidenta esta semana representa la mayor amenaza contra la democracia mexicana desde la reforma judicial. Para hacer estas comparaciones ya no hace falta irnos hasta 1977, cuando los partidos empezaban a recibir prerrogativas mínimas, porque el retroceso de nuestra débil democracia se ha acelerado en los últimos años. Con la llegada del obradorismo, la historia empezó a retrotraerse a pasos agigantados, y la lógica del progreso democrático a revertirse.
Los cambios propuestos en el documento presentado en la mañanera del pasado miércoles van desde la supresión casi total —algo queda con las listas abiertas— de la representación proporcional en ambas cámaras y el corte de tajo de 32 senadores, hasta la eliminación del PREP. Así, la reforma que hoy llegará al Congreso trastoca y manipula todos los elementos necesarios para la pluralidad democrática y la certeza de los resultados.
Entre todas las formas de herir a la democracia que exhibe el documento, considero que el veneno en la daga, eso que termina de matar, es la reducción, de tajo, de todo el aparato electoral. No es un asunto más de la reforma, es su punto central, de acuerdo con el propio documento. El objetivo principal es el ahorro de recursos con recortes al presupuesto del INE, los OPLES, los partidos políticos y los Tribunales Electorales. Se eliminan también, las 300 Juntas Distritales permanentes encargadas de la organización y supervisión del desarrollo de las elecciones en el territorio. Sin PREP y sin Juntas Distritales permanentes, no puede haber certeza de los resultados. Ahora serán Juntas temporales, sujetas a la intempestiva disponibilidad de personal más o menos capacitado. Se pierde el sentido del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y su razón de ser: asegurar imparcialidad, certeza y profesionalismo durante el proceso y en los resultados.
Se definió, sin justificación alguna, reducir en un 25% el presupuesto de todo el aparato electoral. No hay que buscar un razonamiento profundo detrás de lo que es, sin lugar a duda, una estrategia más para concentrar el poder, minimizar la pluralidad e impedir aquellos resultados auténticamente democráticos que llevarían al fin del oficialismo o a su inevitable debilitamiento. No hubo siquiera intentos por disimular sobre las motivaciones auténticas detrás de esta serie de recortes arbitrarios. Se planteó directamente como una reforma recesiva. El objetivo de la reforma electoral no tiene nada que ver con la democracia, la pluralidad o la participación ciudadana, no. Todo lo contrario, el objetivo de la reforma es ahorrar, se calculan, 9 mil millones de pesos en el próximo año electoral (2027).[1] Cuando el medio se convierte en un fin en sí mismo, entonces el sentido entero se extingue. De aprobarse este punto de la reforma, ya no podríamos decir que tenemos un árbitro electoral para garantizar resultados democráticamente legítimos. En su lugar, habría que admitir que tenemos un árbitro electoral para abaratar costos. La razón de esto último queda en el aire. Es, nuevamente, el dogma de la austeridad sin más, la austeridad por capricho, llevada a sus últimas consecuencias. He dicho en muchas ocasiones que la democracia cuesta y es preciso que así sea. En esta ocasión planteo la pregunta alternativa: ¿a quién beneficia el desfalco de las instituciones democráticas y cómo lo hace?
No es sorpresa para nadie que quien manipula las reglas del juego cuando es ganador lo hace con la creencia de que sus nuevas reglas siempre le beneficiarán. Con esa certeza, la alianza del PRI en 2015 inclinó la cancha para dar lugar a la sobrerrepresentación. No esperaban que en menos de diez años su propia trampa se volviera en su contra. Entonces sí, es evidente que la reforma beneficiaría al oficialismo en 2027, pero nada garantiza que beneficie a las mismas facciones en 2030, 2033 y 2036. Lo que es seguro es que beneficiará a quienes tengan el poder en su momento y lo hará, de eso no cabe duda, en detrimento del valor del voto.
El oficialismo con su abierta destrucción del Estado beneficia en los hechos a todos aquellos poderes (políticos y económicos) a quienes les conviene desempoderar a la ciudadanía y fortalecer a quienes ya tienen el poder, en cualquiera de estos ámbitos. Se beneficia, sí, el oficialismo directamente, pero también a aquellos poderes fácticos que, de acuerdo con el discurso propio del obradorismo, tienen intereses contrarios a los del pueblo.
Es el mundo al revés: ante la posibilidad inédita que tiene el oficialismo de aumentar la recaudación para construir las instituciones que la ciudadanía requiere, se opta de nueva cuenta por debilitar aún más al gobierno mismo, al Estado y, en su paso, a la ciudadanía.
Cuenta de X: @MartinVivanco
[1] https://politica.expansion.mx/congreso/2026/02/26/capacidad-tecnica-imparcialidad-en-juego-recorte-ine