Pasan los días, leo los periódicos y percibo una serie de ambivalencias, de contradicciones. Algo no embona en nuestro discurso público y parece que nos da igual.
Por un lado, la semana pasada se publicó una reforma al Poder Judicial de la Federación. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la describió como la reforma más importante desde la de 1994. Se celebró como un hecho histórico, un parteaguas. La reforma es, sin duda, relevante. Redefine competencias, asigna nuevos criterios para la repartición del trabajo entre los juzgados federales, establece criterios objetivos para la carrera judicial. También crea nuevos órganos –como los Tribunales Colegiados de Apelación- y consolida a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Acaso lo más importante es que se transita de un sistema jurisprudencial por reiteración, a uno por precedentes, en donde todo argumento vertido en el cuerpo de la sentencia debe utilizarse por los demás órganos jurisdiccionales con vocación obligatoria si es que se aprueba por una mayoría calificada de ministros.
No debe pasarse por alto que esta reforma fue de índole constitucional, por lo que su aprobación requirió tanto de mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso Federal, como del visto bueno de la mayoría de los congresos locales. Además, fue promulgada por el Poder Ejecutivo, cuyo titular, AMLO, la apoyo a tal grado de hacerla suya y presentarla ante el Senado. Uno de los puntos que más se celebró de la reforma fue que fortalecía la autonomía e independencia judicial. Esto hay que subrayarlo.
Por el otro lado, al día siguiente aparece el Presidente de la República –sí, el mismo que apoyó dicha reforma- en su mañanera y descalifica… al Poder Judicial. Lo descalifica porque uno de sus jueces otorgó una suspensión provisional a los particulares que se ampararon en contra de la recién aprobada reforma de la industria eléctrica. Esa suspensión no es otra cosa que una orden de detener todas las acciones que derivan de la reforma, ya que se considera que éstas podrían vulnerar derechos fundamentales. No se otorgó el amparo, no se dictó ninguna sentencia. Sin embargo, para el Presidente ese acto judicial fue una afrenta a su proyecto de transformación. Y ese tipo de acciones, para él, no son menores. Son equiparables a traición a la patria porque su proyecto es por definición historia viva y un mandato del pueblo soberano, y con eso no se juega.
No satisfecho con la descalificación hacia el juez, el Presidente envió una misiva al Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, para que lo investigaran, ya que AMLO está seguro que él obedece a intereses oscuros de los particulares que quieren obstruir su transformación.
La descalificación en las mañaneras y la misiva son signos inequívocos de varias cuestiones. Entre ellas, una ignorancia palmaria sobre cómo opera nuestro juicio de amparo (parece que nadie en el círculo cercano del Presidente le explicó lo que es una “suspensión”); pero la más alarmante es la afrenta a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial.
Por el momento, dejemos de lado los discursos dogmáticos sobre la división de poderes; lo preocupante es el escarnio a un juez de carne y hueso. Es la andanada de la persona más poderosa de México en contra de alguien que hizo su trabajo. Y es el mensaje que se envía a todos los demás jueces de México que se atrevan a fallar en contra de algo que sea de interés de la “Transformación”: cuidado.
Vaya días para el Poder Judicial: mientras que en la Constitución se le fortalece con una reforma histórica, su independencia se compromete como nunca debido a las acciones del Presidente. Orwell en su novela distópica “1984” lo denominó “doblepensar”, esto es, la capacidad de sostener dos opiniones contradictorias sobre el mismo asunto sin reparar en tal ambivalencia. Aquí tenemos un lamentable ejemplo.
@MartinVivanco
