La creación del Instituto de Salud y Bienestar Social (Insabi) que sustituye al llamado Seguro Popular plantea un cambio de concepción y de paradigmas. La creación de este instituto da fin a la visión privatizadora o privatizante de la salud pública que se sustentó en dos pilares: la subrogación y el copago.
El Seguro Popular fue una suerte de servicio de salud semiprivatizado para las personas sin acceso a las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM). En cambio, de acuerdo al dictamen votado por el Senado la semana pasada, el Insabi operará regido por los principios de gratuidad y universalidad en los servicios que brindará a la ciudadanía. Esta nueva visión impactará en beneficio de la gente, pues mientras el Seguro Popular ofrecía un limitado Cuadro Básico de medicamentos, ahora se ofrecerá un Compendio Nacional de Insumos de Salud.
En este sentido, mientras el esquema neoliberal del Seguro Popular no incluía en su catálogo de servicios las intervenciones quirúrgicas, ahora el Insabi las incluye con lo que se da un servicio más amplio e integral que no se limita al diagnóstico y la atención.
Este cambio significa una verdadera revolución, pues se transita de una visión en donde los servicios públicos de salud empezaron a ser conceptualizados como mercancía y se retoma la dimensión humana de estos servicios que en los hechos vuelven a ser derechos.
Lo anterior es posible porque ahora la ley reconoce que la vulnerabilidad de las personas no sólo se deriva de limitantes físicos o sicológicos, de edad o de sexo, sino también de condiciones sociales y económicos. En este mismo sentido, también se establece que el servicio será para las personas que se encuentran en territorio nacional, lo cual hace todavía más amplia la cobertura, pues contempla a las personas migrantes.
Otros cambios de fondo establecidos en esta reforma son: el reconocimiento a la medicina homeópata, pues a quienes la ejercen ya se les reconoce como médicos, y el reconocimiento contempla la salud sexual y reproductiva toda vez que antes sólo se hablaba de planificación familiar.
En suma, se busca dar fin con la visión discriminadora que imperó en los servicios de salud para quienes carecen de seguridad social. Paradójicamente, el Seguro Popular estaba dirigido a las personas con mayor estado de marginalidad. Sin embargo, su operación en teoría limitaba el acceso a sus servicios a las personas más indefensas.
Por ejemplo, para inscribirse era necesario cubrir una serie de requisitos entre los que estaba presentar documentos de identidad como el acta de nacimiento. Sin embargo, se calcula que alrededor de un millón de mexicanos carecen de este documento. De estos, 60 por ciento son infantes y la mayoría habita zonas indígenas. Es decir, desde la instituciones del Estado, se limitaba el acceso a los sectores más sensibles de la población.
Ahora, se aplicará una visión más incluyente, pues si alguien requiere el servicio y no cuenta con acta de nacimiento, podrá presentar un certificado de nacimiento o documentos autorizados análogos para que no haya exclusión de los más pobres que no cuentan con este documento.
De igual manera, el Seguro Popular tenía un esquema de financiamiento tripartita, en donde el gobierno federal, los estados y los usuarios contribuían económicamente para sostener el servicio. Con el Insabi, los beneficiarios dejarán de pagar cuotas, pues el nuevo instituto brindará servicio gratuito. Es decir, la reforma aprobada, obliga al Estado a cumplir con sus obligaciones en lo que tiene que ver con garantizar el derecho a la salud.
Esta nueva concepción es por la que el movimiento que llegó a la Presidencia de la República ha luchado por años. Desde su origen cuestionamos la naturaleza privatizadora del Seguro Popular y, en consecuencia, cuando empezó la administración de la Ciudad de México, de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno, se estableció el programa de medicamentos y atención médica gratuita en oposición a la idea del Seguro Popular. El programa impulsado por AMLO fue más exitoso y se caracterizó por el respeto a los derechos de las personas. Ahora, esta óptica ya tiene un sustento legal que le permitirá ser aplicada a nivel nacional. El derecho a la salud, por fin, tendrá una base legislativa y una política pública que lo materialicen.
Senador de la República
