Hace un par de días, el Congreso de Oaxaca volvió a dar un ejemplo de cómo caminar en la ruta de la transformación.

Aprobó una reforma para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad. Es una reforma fuerte. Pero en el tono de otras. Oaxaca también aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo y el matrimonio igualitario. Algunos comentan que ya le compite a la CDMX el título de la entidad más progresista del país.

El Congreso de Oaxaca, además, dio muestras de responsabilidad social con el formato habilitado para sesionar. Cuidó la sana distancia entre los legisladores y la utilización de un espacio ventilado.

Las decisiones del Congreso de Oaxaca son relevantes en sí mismas, pero también en el contexto de la coyuntura que se avecina con el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Para empezar, con responsabilidad e imaginación, las Cámaras de Diputados y Senadores pueden cambiar sus formatos de trabajo. Tendrán que laborar por casi cuatro meses continuos. Podrían ubicar la sede de reuniones en espacios abiertos en sus recintos o fuera de éstos. Y cumplir así con la sana distancia y la ventilación. También podría facilitarse que legisladores y legisladoras den seguimiento a sesiones desde sus oficinas. E incluso, pueden realizarse sesiones virtuales o a distancia. Hay un abanico de posibilidades de trabajo que está plenamente justificado.

Ahora bien, lo más importante es el contenido, los temas legislativos, la agenda de transformación.

Para empezar, el próximo periodo ordinario que comenzará el 1 de septiembre de este año, tiene que contemplar las iniciativas pendientes del Presidente de la República. Una de ellas enviada desde el pasado periodo ordinario, relativa a la ampliación de los delitos por los cuales puede ser juzgado el propio Presidente. Las otras dos se enviaron para ser abordadas en sesiones extraordinarias, en las cuales nunca fueron incluidas, y se refieren a la Ley de Presupuesto y al tema de los Fideicomisos.

La primera está en la ruta de abolir privilegios del poder político y debe ser aprobada como la manda el Ejecutivo, sin repetir el error de pretender darle inmunidad presidencial a los legisladores federales. La segunda tiene que ver con la emergencia económica del país y la tercera, con la lucha contra la corrupción y el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

Además de estas iniciativas, está pendiente la reforma para disminuir las prerrogativas de los partidos políticos. Todas las instituciones públicas y privadas están viendo lastimados sus presupuestos por la situación económica derivada de la pandemia, menos los partidos.

Sigue pendiente también la reforma para facilitar la consulta popular sobre temas trascendentes de la vida nacional.

Debe abordarse, asimismo, un paquete de reformas para proteger a la clase trabajadora, que incluya los siguientes temas: outsourcing, seguro de desempleo y salario mínimo.

Y hay reformas que demanda la sociedad civil, como la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y la prohibición de las llamadas terapias de reconversión sexual.

Ojalá los vientos que soplan desde Oaxaca le den frescura al Congreso de la Unión para retomar el ímpetu transformador con renovada energía.

Senador de la República

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