El desconocimiento que tienen los conservadores de la legislación electoral es preocupante. Críticos de tercera división afirman que las restricciones electorales son sólo para el gobierno federal. Se equivocan. Aquí les explico con manzanas.
El artículo 134 de la Constitución, dice:
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Y en el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) se lee lo siguiente: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Como puede observarse, las restricciones en materia electoral y propaganda que establece la ley no son sólo para el gobierno federal, sino para los tres niveles de gobierno, los tres Poderes, los órganos autónomos y “todo ente público”.
La ignorancia de la derecha que padecemos es evidente, pero la actitud de los “árbitros” del Instituto Nacional Electoral (INE), para los que sólo existe como “ente público” el gobierno federal, es francamente reprobable.
Para mayor abundamiento:
Artículo 449 de la LGIPE:
“1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
“(…)
“c) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia”.
Existen miles de “entes públicos” en México. Pero para el INE sólo hay uno: el gobierno federal. El INE ha convertido su tarea de fiscalización en una persecución, que por su naturaleza rompe con todo principio de imparcialidad.
