Hace un par de días, las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos, segunda, del Senado de la República, aprobaron una minuta enviada por la Cámara de Diputados, que contiene un dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de prohibir la figura de las “partidas secretas” en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se trata de una decisión con valor histórico, que expresa una vieja lucha de la izquierda democrática de México. De hecho, la llegada de la izquierda opositora a la Cámara de Diputados en 1979 abrió un episodio de revisión de los gastos del Estado. En esa batalla se analizaron diversos aspectos de dicho gasto y especialmente la llamada partida secreta del Presidente. En esa labor tuvo un papel destacado el entonces diputado Pablo Gómez.
En efecto, en la Constitución de 1917, a propuesta del Presidente Venustiano Carranza, se introdujo en la misma el siguiente texto:
“No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”.
Eso llevó a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación pudieran contemplarse partidas secretas en diversas secretarías que no sólo eran autorizadas por el presidente, sino incluso ejercidas por él mismo, aunque el texto constitucional no lo decía así.
En los últimos sexenios del siglo XX, se incluyeron elevados recursos en el concepto 00073 del ramo 23, que eran justificados como materialización de lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.
Esos recursos no eran sujetos de comprobación alguna, aunque la propia Constitución, contradictoriamente, establecía que todo gasto público debe ser comprobado.
En 1987, la partida secreta alcanzaba 80 millones de pesos. Para 1989 llegaba a 231 millones de pesos. Y para 1993 rebasaba los mil millones de pesos.
La lucha contra la partida secreta ha sido una batalla contra la opacidad, la corrupción y la discrecionalidad en el gasto.
Por eso es relevante que ahora las comisiones del Senado hayan aprobado en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados, que dice a la letra:
“No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Ahora, dicho dictamen tendrá que pasar al pleno del Senado, y en caso de aprobarse por dos terceras partes de los presentes, a los Congresos Locales, para ser ratificado por la mayoría de los mismos.
Si esto sucede, la reforma que prohíbe las partidas secretas se colocará a un lado de otras reformas significativas de este periodo como la que establece el uso de la figura de la extinción de dominio para la recuperación de bienes saqueados a la nación, como la que prohíbe la condonación fiscal y como aquella que permite juzgar al Presidente de la república por cualquier delito, incluidos los de corrupción y los electorales. En otras palabras, la prohibición de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la federación forma parte de la abolición de privilegios de la clase política, reforma distintiva del momento de transformación que vive el país.
