En la máxima tribuna del país, en San Lázaro, Morena ha sostenido constantemente; “arriba los pobres y abajo los privilegios”. Sin embargo, en materia de vacunación contra el COVID, los estados más pobres son relegados al sótano de la política pública.
Nueve de los diez estados más pobres del país (según datos oficiales del CONEVAL), se encuentran por debajo del promedio nacional de personas adultas vacunadas (el cual asciende al 69%). Esto resulta completamente injusto. Las personas en situación de pobreza, aquellas que tienen las peores condiciones de acceso a los servicios de salud, son precisamente las que no han recibido el beneficio de la inoculación.
Además, castiga también a las entidades con mayor número de hablantes de una lengua indígena (de acuerdo al INEGI), lo cual resulta absolutamente discrimatorio. Seis de las siete entidades con mayor población hablante de una lengua indígena se encuentran atrás de la media nacional de vacunación.
Por si ello no fuera suficiente, la estrategia de vacunación llevada a cabo por López Gatell es absolutamente inequitativa. Mientras en la CDMX el 93% de los adultos han sido vacunados, Chiapas y Puebla casi se encuentran a la mitad de dichos indicadores, con apenas el 47 y 48% de sus adultos inoculados. ¿Por qué una persona que habita Chiapas debería tener la mitad de oportunidades de haber sido ya vacunada en comparacion de quien vive en la capital del país?
Todo ello contiene una enorme crueldad en perjuicio de los más vulnerables. Resulta insensible ya que, según estudios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas sin vacuna tienen once veces más riesgo de morir y corren diez veces más riesgos de ser hospitalizados.
Tal cual se ha implementado la estrategia nacional de vacunación, la lógica parecería dejar a los más pobres hasta el final. Chiapas, Puebla, Campeche, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Tlaxcala y Morelos están sufriendo doblemente ante la pandemia. Sufren por su marginación y padecen adicionalmente el haber sido relegados en la vacunación.
Para darnos una idea del boquete de vacunas que hace falta en las entidades más pobres, podemos cuantificar la cantidad de dosis que hacen falta a dichos estados para emparejarse con el promedio nacional. Bajo este cálculo, la entidad más castigada es Puebla, a quien le faltan 1.3 millones de inoculaciones, seguida de Chiapas y Veracruz, con déficits de 1.2 y 1 millón de vacunas. De ese tamaño es la injusticia. Lejos de estar arriba, los estados pobres padecen en el inframundo de la herramienta más efectiva para combatir el COVID.
En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿Es oportuno que México done alrededor de 300 mil dosis a diversos países latinoamericanos cuando las regiones más pobres del país requieren con urgencia de la vacuna? ¿Qué pasa con las millones de dosis de vacunas que reportan haber sido compradas pero no han sido administradas? Nos encontramos en una carrera contra el tiempo y cada día que pasa se traduce en hospitalizaciones y muertes que pueden evitarse.