Y ahora, el desastre del sector aéreo

Mario Maldonado

El asunto de fondo es que las empresas aéreas y aeroportuarias sí resentirán la degradación

Desdeñar a la aviación civil, como si no se tratara de un asunto de seguridad nacional, le ha costado caro a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y al país. Desde la simulada consulta para cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco, pasando por la construcción de una inviable terminal en la base militar de Santa Lucía para vuelos comerciales, hasta la reconfiguración del espacio aéreo mexicano y la postura inflexible del gobierno para apoyar a las aerolíneas en la crisis del Covid-19, México ha pasado de tener un sector aéreo moderno, competitivo y eficiente, a uno en decadencia, al borde de la crisis.

Como ejemplo, este martes la Administración Federal de Aviación (FAA) degradó a México a la Categoría 2 de seguridad aérea, lo que impide a las aerolíneas mexicanas aumentar su número de vuelos a Estados Unidos, así como llevar a cabo acuerdos comerciales de código compartido con empresas de ese país. La reducción a la calificación impactará la recuperación del turismo, a las aerolíneas y los grupos aeroportuarios.

Anticipando el anuncio, el lunes el presidente se refirió a este tema y lo minimizó. Dijo que Estados Unidos no debería rebajar la calificación de la seguridad aérea de México porque se han cumplido con todos los requisitos. En todo caso, dijo, no afectaría a las aerolíneas del país. Y fue más allá: acusó una conspiración para beneficiar a las aerolíneas estadounidenses. Otra raya más al tigre.

La degradación sucedió porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no atendió a tiempo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional ni las revisiones que hizo la FAA al funcionamiento de la Agencia Federal de Aviación Civil mexicana. La displicencia e incapacidad de los funcionarios de la SCT, empezando por su titular, Jorge Arganis, ocasionaron el desastre que quizá le tome varios meses al gobierno federal enderezar, es decir, regresar a la Categoría 1 y no estar en el nivel de seguridad aérea de países como Pakistán, Ghana, Venezuela o Bangladesh.

La SCT argumentó que durante la auditoría de la FAA, en octubre pasado, sólo había una cuarta parte de los trabajadores de la Agencia Federal de Aviación Civil en sus puestos por motivo de la pandemia. Lamentable justificación, porque el presupuesto de la SCT se redujo en 2020.

El asunto de fondo, además del nuevo golpe al turismo, es que las empresas aéreas y aeroportuarias sí resentirán la degradación, como se evidenció ayer en el precio de sus acciones. Este martes los títulos de Aeroméxico en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron hasta 10% en la jornada y cerraron con una pérdida de 5.9%. Volaris tuvo una reducción de 1.6% de su valor. Asimismo, las acciones del Grupo Aeroportuario del Centro Norte bajaron 3.4%, las de GAP 4% y las de Asur 4.5%.

La insinuación del presidente, sobre que las aerolíneas estadounidenses se beneficiarían de la degradación de México, tiene dedicatoria: el Grupo Aeroméxico, cuyo socio y dueño de 49% de sus acciones es Delta Group. Además, algunos de los accionistas individuales principales son considerados ‘adversarios’ de la 4T: Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo y Javier Arrigunaga.

Si bien esta no es la primera vez que la FAA baja la calificación de seguridad aérea de México –sucedió en julio de 2010 y se recuperó cuatro meses después–, el desinterés de los funcionarios de la SCT y del presidente López Obrador por atender y resolver las observaciones de las autoridades estadounidenses podría condenar a la aviación comercial a una mucho más larga recuperación, o hacia escenarios catastróficos para la industria, cómo sucedió en su momento con la aerolínea bandera del país, Mexicana de Aviación, o más recientemente con Interjet.

Alistan contrato de outsourcing por 300 mdp en SEP

A pesar de los recientes cambios en la ley laboral mexicana, el proceso de subcontratación por parte del gobierno federal continúa en varias dependencias. Una de ellas es la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Delfina Gómez, mediante la licitación pública LA-011000999-E53-2021 para el programa “Prepa en Línea”.

La Subsecretaría de Educación Media Superior, encabezada por Juan Pablo Arroyo Ortiz, lanzó el pasado 18 de mayo la convocatoria para la subcontratación del personal con un valor cercano a 300 millones de pesos. La decisión final se tomará el 7 de junio, un día antes de que inicie el nuevo contrato. ¿Cuál es el interés del subsecretario en dicho contrato, o por qué va contra lo aprobado por el Congreso de la Unión en materia de outsourcing?

 
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