Virgilio y Víctor: la pelea entre los hermanos Andrade

Mario Maldonado

Puede ser señal de que el dique invisible para funcionarios peñistas empieza a caer

Hace unos días llegó a la Fiscalía General de la República un paquete de 23 nuevas denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación interpuso contra funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, en las que se identifican delitos que dañaron al erario por un monto acumulado de alrededor de 600 millones de pesos correspondientes a las revisiones de las cuentas públicas 2016-2018. 

Lo relevante de estas denuncias es que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, dirigida por Víctor Andrade Martínez, emprendió acciones legales contra la administración del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros –hoy Banco del Bienestar–, cuya dirección encabezó, de enero de 2017 a noviembre de 2018, ni más ni menos que su hermano, Virgilio Andrade Martínez

Se trata de uno de los personajes más cuestionados del gobierno peñista, quien desde la Secretaría de la Función Pública exoneró en 2015 al Presidente, a su esposa Angélica Rivera y al entonces titular de Hacienda, Luis Videgaray, del conflicto de intereses en el que incurrieron al adquirir distintas propiedades inmobiliarias con el Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa. El escándalo conocido la “Casa Blanca” marcó el último sexenio priísta y echó por tierra la credibilidad de la SFP, misma que terminó por pisotear Irma Eréndira Sandoval, responsable de la exoneración de Manuel Bartlett y de no auto investigarse por las propiedades que también acumula su propia familia. 

La denuncia del equipo de David Colmenares, de acuerdo con los documentos que llegaron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, es por un desfalco al Bansefi de 87 millones de pesos, relacionados con contratos irregulares en materia de servicios de comunicación, tecnología y de tercerización laboral, mejor conocido como outsourcing. En este último caso, la Auditoría 102-GB establece que el Bansefi de Virgilio Andrade no presentó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas por el personal contratado de manera externa durante 2017 a una sociedad formada por las empresas Consorcio Empresarial Adper, Global Intermex, Intermex Comercializadora Internacional e Impulsora Quebec. 

En este espacio relatamos que el ahora Banco del Bienestar, dirigido en un principio por Rabindranath Salazar, mantiene en su operación al estigmatizado outsourcing, ya que a principios del año pasado concretó también un contrato para este tipo de servicios por 464 millones de pesos con la empresa Servicios Empresariales Teram, para contratar a mil 200 trabajadores. El servicio se planteó con una vigencia de 12 meses, contados a partir del 1 de febrero 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, pero se sabe que con la llegada de Diana Álvarez Maury el contrato se redujo a 40% de su valor, sin afectar al personal foráneo involucrado en la distribución de los programas sociales. 

La denuncia contra Bansefi, desde el órgano contralor cuyo director Jurídico es familiar directo del entonces titular de la institución, puede ser una señal de que el dique invisible contra los funcionarios peñistas empieza a caer ante el fracaso esperado de una Consulta Popular que no alcanzó la participación para llevar a juicio a los expresidentes, y en un escenario en el que cada vez más se requieren golpes judiciales que legitimen la lucha anticorrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

Las condiciones de Ramírez de la O 

Como lo expusimos en dos textos anteriores, el nuevo secretario de Hacienda –el tercero de la actual administración–, Rogelio Ramírez de la O, sí puso condiciones para tomar el encargo que le propuso Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de la administración. 

Ayer en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Ramírez de la O dijo que para tomar el cargo pidió “tener voz en todo lo que tiene impacto fiscal” relacionado con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. “Si no, para qué quieren a un secretario”, asestó. 

El asesor económico de Andrés Manuel López Obrador habló también de la deuda financiera de la empresa petrolera, la cual supera 115 mil millones de dólares. En textos anteriores comentamos que la intención de Ramírez de la O es reducir el apalancamiento de Pemex vía los mercados de valores, o bien que el gobierno federal asuma una parte de esta, lo cual no es nada sencillo por el riesgo al que expondría la calificación crediticia del país. 

Ramírez de la O también confirmó que impulsará la inversión privada y el tercer paquete de proyectos de infraestructura que está pendiente desde mayo. El secretario de Hacienda se convertirá en el nuevo interlocutor con los empresarios, pues tras la salida de Alfonso Romo del gabinete, dicha relación se deterioró más. 

Lo que queda claro es que viene un nuevo choque de trenes. Ramírez de la O cuestionará las decisiones unilaterales de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como la gestión operativa y financiera de Manuel Bartlett y de Octavio Romero al frente de la CFE y Pemex, respectivamente. 

Veremos quién se va imponiendo en este sector, que ha sido uno de los principales puntos de quiebre entre el gobierno federal y la iniciativa privada. 

 

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