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En la guerra interna por el control de la Cooperativa Cruz Azul, la más grande de América Latina y dueña del popular equipo de fútbol del mismo nombre, está por escribirse un nuevo capítulo que definirá el futuro de la emblemática firma, una de las tres principales cementeras de México.
Luego de más de 10 años de luchas internas por el control de la cooperativa, en días recientes arreciaron nuevas acusaciones por parte de los exdirectivos disidentes encabezados por Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y Juan Manuel Briceño , quienes buscan arrebatarle el mando a Guillermo ‘Billy’ Álvarez , y de paso fincarle responsabilidades judiciales por supuestos desvíos, los cuales también fueron denunciados ante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto.
La historia se remonta a 2019 cuando se presentaron una serie de denuncias de los disidentes ante la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero . Ahora la UIF trabaja de forma paralela sobre las denuncias de los opositores y ha congelado algunas cuentas relacionadas a la Cooperativa y a su director general, aunque el proceso sigue en curso sin que hasta ahora se hayan acreditado las irregularidades, al parecer porque las pruebas no tienen el suficiente sustento.
El vocero de la cooperativa Cruz Azul, Jorge Hernández , informó que al menos tres de los disidentes de la cooperativa que han denunciado por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada al director general enfrentarían una expulsión definitiva.
Se trata de José Antonio Marín, exdirector del Consejo de Vigilancia, quien ya fue destituido por no llevar a cabo labores que se le encargaron en términos de investigación; Víctor Manuel Velázquez, exdirector Comercial y quien está sujeto a investigación por presunción de fraudes contra la organización, y Juan Manuel Briseño, exdirector financiero, quien sustrajo y manipuló la información financiera que se ha manejado mediáticamente.
Estos tres personajes están sujetos a proceso. Las acusaciones en su contra se basan en la violación de varios estatutos, que los llevaría a la expulsión definitiva de la cooperativa.
Jorge Hernández aseguró que el director general, Guillermo Álvarez, está aportando todas las pruebas para desestimar las acusaciones en su contra frente a la autoridad competente; en este caso la UIF y la FGR.
Aseguró que la Cooperativa Cruz Azul tiene una activa vida democrática, pero “la forma de actuar del grupo disidente es distinta, porque se puede disentir, pero a través de los canales adecuados, no por medio de agresiones o poniendo en riesgo la imagen pública y la estabilidad como empresa de un organismo social del mayor nivel en América Latina”.
Las denuncias de los disidentes han puesto en riesgo el sustento de 10 mil 500 familias ligadas a la cooperativa, al propiciar el congelamiento de cuentas corporativas por parte de la UIF.
“Se dice que el director general está sustrayendo recursos de manera ilegítima de la cooperativa; que tiene 11 propiedades en Estados Unidos, pero a través de un peritaje con una empresa del mayor nivel estamos demostrando que ninguna de esas propiedades que vienen en los documentos de los demandantes son propiedad de él ni pertenecen a ningún allegado, familiar o prestanombres”, añadió.
Así que de no comprobarse los supuestos desvíos mil 200 millones de pesos y la presunta adquisición de poco más de una decena de bienes inmuebles en Estados Unidos atribuidos a Billy Álvarez, es muy probable que el caso termine explotando en la cancha de los disidentes, a quienes se les podrían revertir las acusaciones y las demandas legales.
El punto clave es que para armar la denuncia, los disidentes, que son alrededor de 30 de los 766 socios que conforman la cooperativa, habrían falsificado firmas, sustraído ilegalmente documentos e inventado transferencias millonarias del director general de las cuentas corporativas a sus cuentas personales para comprar supuestamente 11 casas en Estados Unidos —cuyo único respaldo son datos de Google— cuando en realidad fueron pagos a proveedores y bancos acreedores.
El ruido mediático y la pelea continuará en los tribunales durante las próximas semanas, pero cuando se asiente el polvo es muy probable que esta nueva crisis deje muy mal parados a los denunciantes, al tiempo que terminará salpicando a políticos del estado de Hidalgo, quienes ya están sentados en un barril de pólvora por el caso Rosario Robles y siguen en la mira de la FGR y del propio Presidente.
Sindicato de Pemex, en la mira
El pasado viernes, en la sede del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la colonia Guerrero, se reunieron con carácter de urgente los secretarios generales de las 36 secciones sindicales.
Según algunos de los asistentes, la reunión fue para analizar las estrategias de defensa ante posibles indagatorias de la FGR por el manejo de recursos dentro de la organización.
En la encerrona circuló la versión de que, esta misma semana, se estarían liberando al menos 10 órdenes de aprehensión contra dirigentes seccionales clave, lo que se percibe en el gremio petrolero como un mensaje enviado desde la dirección general de Pemex, a cargo de Octavio Romero , en el sentido de que no se aceptarán errores al momento de operar en 2021 la elección.
