Hoy comienza en el Senado el Parlamento Abierto para discutir la regulación a los esquemas de subcontratación laboral mejor conocidos como outsourcing. Viene un auténtico encontronazo entre senadores del mismo partido (Napoleón Gómez Urrutia contra Ricardo Monreal), pero también a nivel del Gabinete (Carlos Romero, procurador fiscal, contra Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, y otros integrantes).

El tema de fondo es qué tan rígida va a ser la regulación. El exlíder minero, Gómez Urrutia, está en pie de guerra desde el año pasado, cuando quiso madrugar a todos con una reforma al artículo 123 que prácticamente criminalizaba el outsourcing y buscaba hacer retroactivos los castigos a las empresas.

Ayer, junto al senador Martí Batres, acusó que hay una campaña de ataques por parte de empresas para que no avance su propuesta, la cual es considerada por el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como radical y una que pone en riesgo la inversión privada nacional, y sobre todo extranjera, tras la ratificación del T-MEC.

Del lado de los moderados está la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que tiene ya una propuesta elaborada de manera conjunta entre el Congreso del Trabajo, que dirige Carlos Aceves del Olmo, y el sector privado representado por Carlos Salazar, del CCE, y Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios.

La propuesta de la Secretaría del Trabajo tendría ya el visto bueno del Presidente; también del titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera; del IMSS, de Zoé Robledo, y del Infonavit que lleva Carlos Martínez. Dicha iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días.

La propuesta contempla establecer un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación y busca que las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes, tomen en cuenta lo siguiente: La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y a quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización.

El argumento de los empresarios es que la tercerización es muy importante para la economía nacional, ya que 30% de los trabajos formales son subcontratados y 25% del personal ocupado es tercerizado; cerca de 8 millones de connacionales trabajan en el esquema del outsourcing: 3 millones de jóvenes, 4 millones de mujeres y un millón de madres solteras.

Entre 2013 y 2019, 33% de los empleos formales creados fueron subcontratados y hay industrias, como la maquila electrónica o el sector aeroespacial, que dependen casi en su totalidad de la subcontratación.

Según los especialistas en materia laboral, la subcontratación incrementa la productividad, reduce gastos innecesarios, permite que las empresas se concentren en sus actividades principales, profesionaliza servicios, capacita trabajadores, impulsa a pymes, crea redes internacionales de producción y comercio, detona el uso de nuevas tecnologías e impulsa el trabajo formal.

Veremos hacia a dónde se inclina la balanza en el debate por regular el outsourcing en México. Si gana la iniciativa de Luisa María Alcalde, que busca proteger el empleo y no espantar la inversión privada, o si se imponen los radicales, una vez más, con una regulación que aumente la aversión al riesgo de los inversionistas y frene la creación de nuevo empleo formal.

Cajeros hackeados

Especialistas en seguridad informática de Estados Unidos detectaron en el Caribe mexicano una red de cajeros intervenidos con un software especializado para la clonación de tarjetas bancarias, a través de dispositivos denominados skimmers con tecnología bluetooth.

La investigación encabezada por el experto en temas de ciberdelincuencia, Brian Krebs, apunta a la compañía denominada Intacash, propiedad de un grupo de empresarios rumanos, los cuales han sido identificados por la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, y por el FBI norteamericano, como Florian “N” y Adrián Nicolae “N”.

Agentes de la FGR de la delegación en Quintana Roo buscaron ya incluso ejecutar órdenes de aprehensión contra los mencionados personajes, mismos que, por la sofisticación de sus delitos, han podido mantenerse en libertad y hasta denuncian supuesto acoso de los cuerpos de seguridad en la entidad.

Se aferran a proveedora

En el IMSS Tamaulipas, bajo la supervisión de Fernando López Gómez , exdelegado en la entidad, se pretende entregar un contrato por 25 millones de pesos a Toners y Tinta Express del Norte, a pesar de que la empresa no cumplió con la Evaluación Técnica de la Licitación LA-050GYR018-E696-2019, de acuerdo con denuncias de los participantes.

Velia Patricia Silva asumirá esta delegación el próximo 15 de febrero, pero el contrato ya se habría entregado. Lo irregular es que, según el dictamen oficial, “el toner ofertado no es nuevo, es reciclado, usado y remanufacturado”. Esto se suma a que ninguna de las 10 proveedoras cumplió con los requisitos establecidos en el procedimiento, por lo que debió ser declarado desierto.

Twitter: @MarioMal Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

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