En plena crisis sanitaria y económica, en la que sólo en la CDMX se han perdido 180 mil empleos por el cierre de actividades debido al Covid-19, el gobierno de Claudia Sheinbaum planea desaparecer prácticamente en su totalidad a la publicidad exterior, una industria cuyo valor en la capital ronda los mil millones de pesos y genera empleos directos e indirectos para unas 150 mil personas.  

El Congreso capitalino tiene programado para el presente periodo legislativo la aprobación de una nueva Ley de Publicidad Exterior, la cual, más que regular y ordenar los anuncios publicitarios, se observa prohibitiva y con la consigna de obstaculizar casi todas las modalidades de publicidad hoy permitidas, lo que inminentemente generará una lluvia de juicios de las empresas del ramo contra la autoridad, todos con argumentos de anticonstucionalidad. 

Según los borradores que han llegado a manos de los empresarios, la iniciativa de Ley considera la desaparición de los permisos para anuncios espectaculares admitidos por la legislación anterior, además de que desconoce los derechos adquiridos por las estructuras que se inscribieron al todavía vigente Padrón Oficial de Anuncios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que reconoce 4 mil 160 anuncios instalados. 

La propuesta contempla, como única modalidad de publicidad permitida, los anuncios en estructuras e inmuebles del gobierno capitalino, como los bajo puentes, el mobiliario urbano o las estaciones del Sistema Transporte Colectivo Metro y del Metrobús, los que son manejados como concesiones emitidas por la propia autoridad.

Aun sin los nuevos lineamientos aprobados, la administración capitalina comenzó a retirar diversos anuncios publicitarios instalados en Calzada de Tlalpan y otras vías primarias de la CDMX, los cuales cumplían con los requisitos establecidos por la vigente Ley de Publicidad Exterior, con Placas de Identificación y Códigos QR designados por la propia autoridad. 

Los retiros, instrumentados por personal del Instituto de Verificación Administrativa, que encabeza Teresa Monroy Ramírez, se realizan bajo el amparo de un presunto dictamen de riesgo emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mientras que las oficinas de gobierno involucradas en regulación de la publicidad exterior se declaran en suspensión de términos, por lo que se imposibilita a los propietarios de las estructuras recurrir a cualquier tipo de apelación. 

Adicionalmente, los industriales de la publicidad tienen que enfrentar a las propias alcaldías, las verdaderas facultadas para realizar las funciones de verificación del INVEA, según la Constitución de la CDMX. A inicios de 2020, por ejemplo, se publicó el Bando de la Alcaldía Miguel Hidalgo relativo a las atribuciones en materia de anuncios, y apenas este 11 de noviembre se publicó el de la Alcaldía Benito Juárez. 

Ambas alcaldías tienen una importante concentración comercial y, por lo tanto, son de gran trascendencia para la industria. Los alcaldes lo saben, de ahí que hayan emitido reglamentos para presionar a los empresarios, sobre todo en el caso de Miguel Hidalgo, con el morenista Víctor Hugo Romo, quien ha sido uno de los pocos alcaldes que ha echado mano de sus nuevas responsabilidades para retirar la publicidad.    

A finales de 2019, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con el sector de la publicidad exterior y se comprometió a que, para la redacción de la nueva ley, los empresarios serían escuchados, para que no vieran afectados sus derechos constitucionales. La promesa no se cumplió.

Cambios en Metlife

Hace apenas un par de semanas, el corporativo global de MetLife confirmó que Oscar Schmidt, quien se desempeñó como su presidente ejecutivo para Latinoamérica durante 26 años, será relevado en el cargo por Eric Clurfain, anteriormente presidente y CEO de MetLife Japón, por lo que, según se menciona en el sector asegurador, muy pronto podría haber también cambios en las direcciones generales de los países de la región. 

Los números que Clurfain encontrará en México, por ejemplo, no son los mejores, pues además del golpe que representó el año pasado perder el negocio de los seguros para empleados de gobierno, la firma sigue cayendo en presencia, como lo revela una disminución de 0.1% en su participación dentro del CR-5 en el presente año, contra los aumentos de 0.6 y 0.5% que registraron GNP Seguros y Seguros BBVA, respectivamente, los principales competidores de MetLife. 

Además, según sus estados financieros auditados, la empresa que lidera Sofía Belmar aumentó sus gastos en reservas de litigios 73%, mientras que su gasto por quebrantos administrativos mostró un aumento de 362%, esto ocasionado presumiblemente por los constantes señalamientos ante Condusef de irregularidades cometidas por su principal promotora  en el país, Grupo KC de Daniel Guzmán.

 
@MarioMal

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