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Como en el caso de la refinería de Dos Bocas, personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador le advirtieron sobre las complicaciones de la obra del Tren Maya que desde los albores del sexenio tuvo varias modificaciones en su trazo. Al final, se dejó el pedazo más complicado: el Tramo 5 Norte que se terminó adjudicando al Ejército y que ha puesto en riesgo todo el proyecto.
Desde que se concibió la obra ferroviaria, uno de los asesores de todas las confianzas del Presidente, quien había participado en proyectos de infraestructura en la capital, le hizo varias observaciones: es una obra muy grande, costosa y sin mucha utilidad para el transporte de pasajeros, le dijo a López Obrador, quien le reviró que era necesaria para detonar la economía de los estados del sureste del país, históricamente marginados.
El asesor dejó en manos del Presidente la decisión y se apartó. La obra fue asignada al Fonatur –un fideicomiso encargado de desarrollo turístico del país que ahora solo se enfoca en el Tren Maya– y AMLO puso al frente de esta entidad a un urbanista de su confianza: el arquitecto Rogelio Jiménez Pons.
Jiménez Pons estuvo a cargo del proyecto poco más de dos años. Le tocó licitar los cinco tramos que comprende el megaproyecto que cruza cinco estados del país y también lidiar con los cambios de trazo, los sobrecostos, los amparos de organizaciones medioambientales y de pobladores que no querían vender sus tierras. Los retrasos de la obra colmaron la paciencia del presidente, aunque fue un incidente en particular el que terminó por detonar su salida del Fonatur.
El arquitecto fue llamado a Palacio Nacional para rendir cuentas. Jiménez Pons se sinceró. Cambiar la ruta del Tramo 5 nos va a retrasar años, nos costará el triple del presupuesto y puede ser que tampoco funcione, le dijo al Presidente, quien en ese momento le pidió la renuncia. Acto seguido localizó a su paisano, el tabasqueño Javier May, para que se hiciera cargo de la obra.
Jiménez Pons fue enviado a la subsecretaría de Transporte de la SICT, como ha hecho el presidente con los funcionarios de confianza que a su juicio no han dado los resultados esperados en sus puestos. No dar resultados incluye contradecirlo. López Obrador atizó aún más al arquitecto días después. Lo acusó de falta de compromiso. “Necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada, y que se apliquen a fondo”, señaló.
Hace dos semanas, AMLO anticipó en su conferencia matutina lo que ayer se confirmó: un decreto para considerar al Tren Maya un proyecto de seguridad nacional. El 5 julio comentó: “El año próximo estará listo el Tren Maya. Claro que lo vamos a inaugurar, es un asunto de Estado. No es posible que un grupo de intereses creados, corruptos, le causen daño al pueblo y a la nación, porque se trata de presupuesto público”.
Javier May ostenta el cargo nominalmente, sin dirigir, coordinar, operar o siquiera opinar sobre un proyecto cuyo control ha estado en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana.
El tercer aviso vino de la subsecretaría de Egresos de Hacienda, encabezada por uno de los funcionarios de mayor confianza en esa cartera, Juan Pablo de Botton. El presupuesto, calculado originalmente en 120 mil millones de pesos, aumentó a 200 mil millones, y tras los cambios, retrasos y conflictos se podría ir a cerca de 500 mil millones de pesos. Con todo y las indemnizaciones a empresas como Grupo México y Acciona.
Posdata
Para mejorar el abasto de agua en el norte del país, particularmente en Nuevo León, el presidente López Obrador eligió a uno de sus villanos favoritos: Femsa, la empresa que encabeza José Antonio "El Diablo" Fernández. La empresa es dueña de Coca-Cola Femsa y socia de Heineken, dos de los principales embotelladores de bebidas del país. Les pidió que dejen de producir refrescos y cerveza y que mejor donen el agua a la población. Glup.
Ministra Esquivel, en foros de España
La ministra Yasmín Esquivel estuvo de visita en España, donde participó en foros organizados por el Consejo General del Poder Judicial de este país. Las reuniones se realizaron en La Coruña, Galicia, a propósito de los trabajos de la Escuela de Verano del Poder Judicial.
La jurista participó en la conferencia "América y España, un proyecto común", en la que se abordaron los retos comunes para el mundo de la judicatura.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso que se eleve a rango constitucional la paridad en los organismos de los poderes judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial en España o el Consejo de la Judicatura General en México.
Uno de los objetivos es crear un modelo de elección en los Consejos Judiciales y que haya una mayor independencia judicial.
Esquivel, quien fue propuesta por el presidente López Obrador para integrarse como ministra de SCJN, aspira a ser la nueva presidenta del máximo órgano de justicia de México. En diciembre se realizará la votación para decidir al nuevo presidente o presidenta de la Corte. En los pasillos del Poder Judicial se dice que la decisión estará entre ella y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Exitus levanta 270 mdp
Exitus Credit, de Elias Rahmane, realizó una colocación en la Bolsa Institucional de Valores por 270 millones de pesos. El objetivo es utilizar esos recursos para profundizar su programa de créditos de nómina.
La colocación se hizo a una TIIE + 2 en la bolsa que preside Santiago Urquiza y dirige María Ariza.
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