Sobrecostos en el INM

En el Instituto Nacional de Migración (INM) dieron por extraviado el contrato para rehabilitar y remodelar los servicios y espacios de sus estaciones migratorias, los cuales exhiben un sobrecosto cercano a 100 millones de pesos, avalado por la gestión de su ahora titular, Francisco Garduño Yáñez.

La historia se remonta al primer semestre de 2019, cuando en respuesta a recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entonces de Luis Raúl González Pérez, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, todavía con Tonatiuh Guillén en cabeza, estableció la necesidad de brindar mantenimiento profundo a las 15 instalaciones con mayor flujo de personas migrantes.

También se incluyeron en el proyecto servicios como manejo de residuos, lavandería, limpieza integral, fumigación, control de plagas y fauna nociva, así como trabajos de jardinería, todo incluido en el mismo contrato y para una sola firma proveedora.

Las estaciones migratorias elegidas fueron las ubicadas en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México, incluyendo en esta última ubicación puntos como las oficinas centrales y el denominado archivo general.

De acuerdo con el programa de trabajo que la empresa Administradora Operativa SOLEV, S. A de C.V. —proveedor adjudicado de manera directa— entregó al Instituto Nacional de Migración, los costos totales del proyecto sumaban 104 millones de pesos como presupuesto mínimo a ejercer, y alrededor de 240 millones de pesos como límite máximo.

Con la llegada de Francisco Garduño al INM, y sobre todo de trabajos multifuncionales a los que difícilmente podrían dar cobertura una sola empresa o un particular —los de mantenimiento a la infraestructura general de los inmuebles, sistemas eléctricos, plantas de tratamiento de aguas residuales, servicios sanitarios y de agua potable, y a los sistemas de climatización—, en la dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación de esta dependencia, el presupuesto sufrió diversas modificaciones.

Por ello, en diciembre de 2019 ambos funcionarios anunciaron la conclusión de la primera parte del proyecto con un presupuesto de casi 340 millones de pesos.

En su comunicado oficial, la oficina de Garduño Yáñez dejó también muy claro que en los siguientes años continuarán los trabajos de remodelación y rehabilitación de espacios de atención a la población migrante, los cuales hasta el momento tampoco cuentan con visibilidad en las plataformas de transparencia.

Puntualmente, el contrato para la rehabilitación y remodelación de los 15 puntos migratorios quedó identificado en la Secretaría de Gobernación bajo la clave CS/INM/075/2019, el único que coincidentemente no aparece en la plataforma Compranet.

Administradora Operativa Solev o AO SOLEV, como se hace llamar comercialmente, es una empresa fundada en 2014 que tampoco cuenta con historial de contrataciones en el sector público —o por lo menos no registrado conforme a la Ley—, pero que, de acuerdo con funcionarios del gobierno de la CDMX, en donde sí figura como posible proveedora, se especializa en ofrecer servicios integrales a los reclusorios.

Habrá que recordar que el “expertise” del actual encargado del Instituto Nacional de Migración tiene que ver precisamente con sistemas penitenciarios, un antecedente que no deberá pasarse por alto cuando se revisen o transparenten los contratos relacionados con la firma beneficiada en la adjudicación.