Sedena, a marchas forzadas en Tren Maya y otras obras

En Oaxaca también habrían retrasado proyectos para pasar a manos de la milicia

Mario Maldonado
Cartera 10/01/2022 03:00 Actualizada 16:14
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El Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, y la Sedatu, de Román Meyer, tendrán que hacer una maniobra quirúrgica para convencer a los hoteleros propietarios de los terrenos por los que se plantea la nueva ruta del Tramo 5 del Tren Maya, pues varios de ellos se enteraron que el proyecto comprometía sus propiedades apenas la semana pasada, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció en su conferencia matutina.

El Tramo 5 del Tren Maya, que comprende el trazo Cancún-Tulum, en Quintana Roo, inicialmente utilizaría el derecho de vía en la Carretera 307 que conecta a ambos puntos; no obstante, la modificación plantea que se lleve a cabo sobre los terrenos paralelos a esa ruta, pertenecientes a industriales del sector turístico. Para ello, el Fonatur tendrá que desembolsar al menos mil millones de pesos.

El gobierno federal justificó el cambio del trazado con el argumento de que el plan inicial causaría tránsito y afectaciones vehiculares, además de que ocasionaría obras complementarias, como retiro de postes de luz, calculadas en conjunto en unos 3 mil millones de pesos.

Tras lograr hacerse de los terrenos, Fonatur y Sedatu tendrán que ponerlos en manos del Ejército, encargado de la construcción del Tramo 5, estimado en alrededor de 30 mil millones de pesos.

Al terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de Luis Cresencio Sandoval, deberá trabajar a marchas forzadas en el Caribe, pues el comandante del Agrupamiento de Ingenieros de la Base Aérea de Santa Lucía y residente de obra, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, aseguró que en 24 meses quedará concluido el Tramo.

La estancia en Quintana Roo del equipo de Sedena encargado del Tren Maya podría ser más prolongada que los dos años apuntados, pues muy probablemente se quede con la responsabilidad de llevar a cabo el puente elevado sobre la laguna Nichupté, en Cancún.

Desde 2020, el proyecto de 8 kilómetros del Puente estaba aprobado en el Congreso estatal para luego ser sometido a licitación pública internacional por parte de la Agencia de Proyectos Estratégicos de la entidad. El concurso se aplazó en al menos dos ocasiones debido a que la Semarnat, de María Luisa Albores, demoró en entregar todos los permisos ambientales necesarios para el desarrollo de la obra.

No obstante, cuando en octubre pasado el gobierno de Carlos Joaquín estaba listo para hacer pública la licitación de la obra estimada en unos 5 mil millones de pesos, el Presidente estuvo de gira en la entidad y aprovechó para pedir que se pospusiera la convocatoria.

Sin dar mucho detalle a la administración que está por concluir en aquel estado, se avisó que la obra pasaría a estar bajo la responsabilidad de la Federación, y todo apunta a que va a quedar en manos de las todopoderosas fuerzas castrenses.

Caso similar enfrentan algunos estados también del sureste, donde han tenido que supeditar sus proyectos de infraestructura a los designios federales. En Oaxaca, uno de los destinos favoritos del jefe del Ejecutivo, también habrían retrasado proyectos para que pasen a manos de la milicia, asunto del que ya fueron enterados quienes aspiran a gobernar esa entidad cuando Alejandro Murat deje el cargo.

Para sus planes de Desarrollo, los nuevos mandatarios locales tendrían que revisar la sección de infraestructura con la Federación y, de preferencia, pedir el visto bueno a la Sedena antes de proyectar nuevas obras en el sureste. 

IMSS: pruebas rápidas defectuosas

En plena cuarta ola de contagios de Covid-19, cuando más se necesita tener detección oportuna de los casos, en varias clínicas y unidades del IMSS, que dirige Zoé Robledo, hay inconformidades y quejas con respecto a la calidad de las pruebas rápidas de antígeno que actualmente se utilizan para detectar la enfermedad.

El 20 de septiembre pasado se adjudicó directamente un contrato por casi 230 millones de pesos al proveedor Landsteiner Pharma S.A. de C.V. para proveer al instituto de 2 millones 500 mil pruebas rápidas de antígenos, de las cuales ha entregado a la fecha cerca de un millón 250 mil, las cuales presentan serias deficiencias en su desempeño. Esto no era lo que se esperaba, ya que la marca cumplía teóricamente con los requisitos de calidad necesarios.

La compra fue autorizada por Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto, por instrucciones de otros dos personajes: Borsalino González Andrade, director de Administración, y Jesús Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración, quienes adjudicaron por precio, dejando de lado la calidad.

A partir de octubre de 2021 se han recibido 18 reportes por defectos de calidad por parte de los tres niveles de atención, indicando la presencia de falsos positivos correspondiente a cinco lotes diferentes. El defecto ya fue evaluado y corroborado.

Esta problemática llevó a la encargada de la Coordinación de Calidad de insumos y Laboratorios Especializados (CCILE), Nancy Sandoval Gutiérrez, a informar los defectos de calidad detectados en la prueba y los riesgos de otorgar una ampliación al contrato con el proveedor actual, al titular de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud, Ricardo Avilés Hernández, ya que ha arrojado falsos positivos, y en estos casos el diagnóstico debe corroborarse con una PCR, con un costo de mil 137 pesos y una afectación económica para el Instituto de alrededor de 32.4 millones de pesos.

Camino libre al CRT

Parece que la Dirección General de Normas (DGN), dependiente de la Secretaría de Economía, no quiere que le hagan competencia al Consejo Regulador del Tequila (CRT), que preside Miguel Ángel Domínguez Morales. Resulta que en sólo 36 horas, esta autoridad recibió una denuncia, la analizó y notificó una multa de casi 360 mil pesos para un nuevo organismo que pretende ser una competencia del poderoso ente tequilero.

La querella la inició el CRT en contra de Spirits of México, que preside Alberto Esteban Marina, y que busca competir en el mercado de servicios de evaluación de la conformidad del tequila. La razón fue publicidad engañosa, ya que en su página –la cual aún se encuentra en construcción–, este organismo promociona sus servicios de evaluación de la conformidad a la norma correspondiente.

La página no estaba todavía abierta al público en general y la NOM 006-SCFI-2012 de bebidas alcohólicas-tequila-especificaciones se encuentra en proceso, por lo que más bien parece un caso de espionaje industrial al cual se prestó la dependencia que comanda Alfonso Guati Rojo.

TSJCDMX, sin prestaciones

La plantilla del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Rafael Guerra Álvarez, lleva dos años seguidos sin celebrar una feliz navidad o un próspero año nuevo, puesto que las prestaciones que debían recibir al término de 2020 y 2021 presentaron impedimentos con cargo a la autoridad, ya que incumplieron con los recursos que debían llegar a unos 10 mil trabajadores.

El primer caso fue el de UP Sí Vale. A la compañía de Gerardo Yépez le deben 220 millones de pesos, monto que podría convertirse en un dolor de cabeza vía legal si no es liberado, mientras que Toka Internacional, de Hugo Villanueva, no ha logrado echar a andar su capacidad tecnológica para que los integrantes del Tribunal obtengan sus vales electrónicos, pues tampoco le han enviado los recursos. El tema compete a la secretaria de Finanzas en la CDMX, Luz Elena González, así como al encargado de la Secretaría de la Contraloría local, Juan José Serrano..

 
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