Santiago Nieto, cuatro años de forcejeos con Lozoya

Cuatro años después, Santiago Nieto impulsa las investigaciones contra los involucrados en el caso Odebrecht

21/10/2021 03:00 Actualizada 03:05
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Este miércoles 20 de octubre se cumplieron cuatro años desde que el encargado de despacho de la desaparecida PGR, Alberto Elías Beltrán, destituyó al entonces Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, en un intento desesperado por detener una avalancha de investigaciones que terminarían por sacar a la luz los actos de corrupción de Emilio Lozoya y sus beneficiarios, considerados como unos de los casos más escandalosos en la historia del país.

Los caminos del exdirector de Pemex y el actual titular de la UIF se entrelazaron en aquella mañana –un viernes 20 de octubre de 2017–, cuando desde el Palacio de Cobián surgió la orden para pulverizar a Nieto, quien iniciaba una investigación que conectaría a los sobornos de Odebrecht con la campaña de Enrique Peña Nieto y que ponía en riesgo la continuidad del régimen priísta a tan sólo un año de la elección presidencial.

Nieto llegó a la Fepade como resultado del Pacto por México, con el que el estratega de Peña, Luis Videgaray, buscaba tender puentes con la oposición para asegurar los votos que necesitaban las llamadas reformas estructurales, entre ellas la energética, que después también fue impulsada, según los dichos del propio Lozoya, con los sobornos de la brasileña Odebrecht.

Al PRD le correspondió una de las Fiscalías que empezaban a experimentar con el concepto de la autonomía, por lo que el partido envió a quien consideraba una de sus mejores cartas en materia electoral, con experiencia en la sala regional del Tribunal en la materia y con una amplia trayectoria académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Santiago Nieto también tenía experiencia –según me contó en una entrevista para el libro “Lozoya, El Traidor”– en los privilegios que Lozoya tenía o decía tener, pues en su juventud habían coincidido con amigos o personajes cercanos, cuando el hijo del funcionario salinista, Emilio Lozoya Thalman, se consideraba de la realeza o de una casta superior.

Esa necesidad de Lozoya por tener un trato especial fue lo que detonó la persecución contra Nieto. Tras iniciarse una investigación en la Fepade por financiamiento ilícito de Odebrecht a las campañas priístas, el exdirector de Pemex envió una carta a la Fiscalía no sólo para que se detuvieran las indagatorias, sino para que se declarara públicamente su inocencia.

En su texto, Lozoya hacía toda una descripción de su árbol genealógico; en especial, de la trayectoria de su padre como funcionario salinista y, de paso, una noción de la historia académica de su madre, Gilda Margarita Austin, quien habría coincidido en el colegio con la madre de Nieto, la antropóloga Aurora Castillo Escalona. Lozoya apeló a la cercanía familiar para salvar su cabeza.

Pero la estrategia de contención del exdirector de Pemex no funcionó. La indagatoria por financiamiento ilícito a campañas electorales seguiría adelante y llegaría hasta las últimas consecuencias. La única alternativa para evitar que el escándalo internacional de Odebrecht dañara la imagen del presidente era eliminar al Fiscal electoral.

La operación corrió a cargo del exoficial Mayor de la Segob, Jorge Márquez Montes; el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Se trató de una persecución que buscó acabar con su prestigio ante la opinión pública –se incluía una detención violenta con efectivos de la Agencia de Investigación Criminal– e incluso con su estabilidad familiar y emocional.

Cuatro años después, Santiago Nieto impulsa las investigaciones contra los involucrados en el caso Odebrecht, mientras que su verdugo, Elías Beltrán, enfrenta procesos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; Alberto Bazbaz y su familia se ven involucrados en el caso de los Pandora Papers, y Jorge Márquez está inmiscuido en las adquisiciones irregulares de equipo de espionaje en la Secretaría de Gobernación.

Las investigaciones lucen sólidas y se espera, como en el caso de Lozoya, la judicialización de sus expedientes.

Gonzalo Gil, otra vez mala racha

El escándalo de Oro Negro y la pesadilla que significó para Gonzalo Gil White no parece estar cerca de terminar. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un juez federal declararon infundados los reclamos del hijo del exsecretario de Hacienda contra Pemex por haberle cancelado los contratos que obtuvo con Emilio Lozoya, y se confirmó la orden de aprehensión que existe en su contra por haber desviado más de 650 millones de pesos de la empresa de plataformas petroleras.

Los ministros de la Primera Sala de la SCJN resolvieron el amparo en revisión 1015/2021, y con ello se negó en definitiva el reclamo de 400 millones de dólares de Gonzalo Gil en contra de Pemex Exploración y Producción.

También el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó a Gonzalo Gil y a sus exsocios de Oro Negro el amparo que solicitaron en contra de la orden de aprehensión emitida el 16 de julio de 2019 en contra de Gil White, José Antonio Cañedo, Carlos Enrique Williamson y Cinthya Anne Delong por haber desviado 650 millones de pesos propiedad de los acreedores de Oro Negro.

La orden de aprehensión es una de las cuatro que se han emitido en contra de Gil White por su administración de los recursos del grupo Oro Negro, y por las cuales la Fiscalía General de la República solicitó su extradición.

Innovaciones en pruebas rápidas

A pesar de que la curva de contagios y muertes por Covid-19 ha disminuido considerablemente en los últimos meses, las pruebas rápidas siguen siendo necesarias para casi cualquier lugar que congregue gente: los aeropuertos, los aviones, los eventos masivos como conciertos o el Gran Premio que se llevará a cabo en la primera semana de noviembre, el regreso a las oficinas y a las aulas, entre otros.

El mercado que representan estos eventos y, en general, el uso de los test es visto con interés por empresas como Productos Médicos Integrales 1210 (PMI), que pertenece a Merger Group LLt , y que introdujo en México una de las pruebas rápidas diagnósticas para detectar Covid-19 mejor evaluadas.

Se trata de la marca Standard Q, desarrollada por el laboratorio de Corea del Sur, SD Biosensor. PMI 1210 está por iniciar la comercialización en México de la prueba de Antígenos Nasal Standard Q, la cual ayudará a diagnosticar la enfermedad en niños y personas sensibles, ya que se introduce solamente de dos a tres centímetros en cada fosa nasal, y detecta todas las variantes o mutaciones conocidas del virus. Este tipo de pruebas ya son utilizadas de manera masiva en países como Estados Unidos, España, Inglaterra y Corea del Sur.

La prueba Standard Q IgG/IgM Plus detecta además la presencia de anticuerpos en el cuerpo humano. Dichas pruebas pasaron las evaluaciones del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para poder ser comercializadas.
 

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