Reforma eléctrica va contra intereses político-empresariales

Mario Maldonado

La decisión presidencial de reformar la ley de la industria eléctrica tiene un trasfondo similar al de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La información que le hicieron llegar a Andrés Manuel López Obrador es que muchos políticos y exfuncionarios de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se beneficiaron de los contratos de generación privada a través de empresas fachada y de compañías establecidas que a su vez presionaron para que el mercado se abriera y quedara en manos de los privados.

Los datos revelados en la Cámara de Diputados por Santiago Nieto, titular de la UIF, respecto a la intención del gobernador Francisco Javier García de Vaca de participar personalmente en el negocio de generación de energía, son apenas la punta del iceberg de un gran entramado que involucra a exfuncionarios, gobernadores en funciones y empresas de talla internacional.      

El primer paso fue la participación en proyectos de energía eólica de la firma Enerxiza Wind —vinculada con un presunto prestanombres del gobernador tamaulipeco, Baltazar Reséndez Cantú—, la cual participa en sociedad con la empresa española Acciona en la operación del Parque Eólico El Cortijo, luego de conseguir los permisos en la Subasta de Energía a Largo Plazo (SLP-1/2016) del gobierno de Peña Nieto. 

Según el plan original, vendrían luego nuevos desarrollos en Tamaulipas, con el apoyo del gobierno estatal, y también en Puebla, donde el exsenador Roberto Gil Zuarth logró convencer al mandatario morenista Luis Miguel Barbosa de tomar parte también en este negocio, por lo que se constituyó la Agencia de Energía del Estado de Puebla. 

Gil Zuarth es identificado como uno de los principales impulsores y operadores de estos negocios en el sector energético, a través de su despacho legal Accuracy Legal Add Consulting SC, el mismo que desde el gobierno federal se señala como autor intelectual de los amparos interpuestos hacia la contrareforma eléctrica.

El golpe en la mesa que dio el Presidente con el cambio a la ley, si bien tendrá consecuencias en el costo de la energía para prácticamente todas la industrias y ocasionará problemas con los principales socios comerciales de México, como Estados Unidos y España, es una jugada política de alto riesgo que busca desenmarañar toda la red de intereses políticos y empresariales que se entretejieron en las últimas dos administraciones. 

En lo que respecta a los privados, el tono del Presidente también subió el viernes, cuando López Obrador llamó descarados y sinvergüenzas a los dueños de empresas como Bimbo, Walmart y FEMSA (dueña de Oxxo) por ampararse contra el cambio a ley. 

Las tres empresas mencionadas tienen una relación más que agria con Andrés Manuel López Obrador. La familia Servitje, dueños de Bimbo, participan, además del sector eléctrico, en el de hidrocarburos. En noviembre del año pasado narramos en este espacio cómo al inicio de la actual administración, el director de la empresa, Daniel Servitje, junto con el accionista principal de Lala, Eduardo Tricio, se presentaron en Palacio Nacional para pedirle créditos de la banca de desarrollo para financiar la explotación de 20 pozos petroleros. Cuando el Presidente se enteró de la solicitud estalló. 

“Cómo es posible que el principal fabricante de pan y el mayor productor de leche del país quieran ser ahora petroleros”, le soltó AMLO a Alfonso Romo. Según fuentes que presenciaron la escena, el Presidente no daba crédito a que los multimillonarios se hubieran atrevido a incursionar en el sector energético, como otros del sector minero y de telecomunicaciones, tras la apertura de la industria. “Por eso vamos a cancelar la reforma energética”, sentenció aquella vez López Obrador.

El caso de la animadversión con los regiomontanos de FEMSA es conocido. AMLO y el presidente de la compañía, José Antonio El Diablo Fernández ha sido por demás mala. El empresario fue parte del grupo que buscó descarrilar la llegada a la Presidencia de López Obrador en 2006 y 2018. El actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, fue por varios años CEO de FEMSA, y si bien al inicio de la administración tuvo buena relación con el Presidente, hoy de eso no queda nada. 

Y finalmente el caso de Walmart, la principal cadena de autoservicio de México, cruza por el tema fiscal. Aquí también describimos la escena en la que un alto directivo de la empresa en México le mandó a decir a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y al procurador fiscal, Carlos Romero, que de los más de 8 mil millones de impuestos que debían les ofrecían pagar 500 millones o se irían a juicio. Y también pusieron sobre la mesa pagarles con despensa. AMLO enfureció y los amenazó con proceder penalmente contra sus funcionarios. 

La contrarreforma eléctrica es otro golpe en la mesa de AMLO por la ‘colusión’ política-empresarial. 

Encuentro ambiental

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de Aldimir Torres Arenas, y la Universidad La Salle, se han unido para celebrar a partir de hoy la “Semana del Bienestar”, evento en el que buscan fomentar en estudiantes, colaboradores, administrativos y académicos de dicha institución un mejor estilo de vida, al abordar el concepto de bienestar a través de un enfoque social, ambiental y de salud.  

Participan expertos como Carlos Mendieta, de PetStar; Jahir Mojica, de SUEMA; Mariana Albarrán, de Braskem Idesa; Iván Trillo, de Dow Química, y Gerardo Pedra, de Dart de México, entre otros, para abordar temas como la economía circular, reciclaje, proyectos que impulsan plastiqueros en pro del cuidado del ambiente, los retos derivados del contexto regulatorio de los productos plásticos y las oportunidades de crecimiento del sector, que tiene un valor cercano a los 30 mil millones de dólares.

Twitter: @MarioMal
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