Procuraduría fiscal: la salida de Romero y los casos sueltos

Mario Maldonado

En este contexto, el ganador es el secretario Ramírez de la O, quien a la callada ha logrado la salida de funcionarios clave

La salida de Carlos Romero Aranda de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la semana pasada, modifica el panorama de algunos casos emblemáticos que nacieron como procesos de procuración de justicia y terminaron convirtiéndose en una agenda personal. A la vez, satisface los deseos de funcionarios del gabinete, quienes percibían al exfiscal como una piedra en el zapato.

Entre quienes ganan con la destitución de Romero Aranda se encuentran los dos empresarios relacionados con el outsourcing y las llamadas factureras: Raúl Beyruti, presidente y fundador de Grupo GIN, y Víctor Manuel Álvarez Puga junto con su exesposa Inés Gómez Mont. También ganan los 31 científicos que fueron señalados por el Conacyt, de Marielena Álvarez-Buylla, por peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. Los tres casos coinciden en que sus denuncias salieron de la oficina del procurador fiscal, con cuestionamientos sobre su competencia legal.

No se pone en duda que en los tres casos se hayan cometido alguno de los delitos expuestos ante el Ministerio Público, pero sí llamó la atención del gobierno, y sobre todo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que la Fiscalía General de la República judicializara denuncias de la Procuraduría Fiscal, cuando los mismos personajes involucrados eran señalados por otras instancias con argumentos de mayor solidez y gravedad, sobre todo en los casos relacionados con Beyruti y Álvarez Puga.

En el caso Beyruti existía casi una decena de denuncias desde el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera que involucraban la operación de unas 3 mil empresas con indicios de lavado de dinero, pero en la FGR se optó por darle seguimiento a la querella de la Procuraduría Fiscal por delitos cometidos en sólo una razón social. Ahora, el llamado Rey del Outsourcing enfrentará con más holgura su caso de defraudación fiscal y no podrá ser juzgado nuevamente por estos mismos delitos.

En lo que respecta a Álvarez Puga y Gómez Mont, ganadores también de esta coyuntura, podría tomar forma el reclamo sobre la invalidez de su proceso judicial, debido a que este se detonó como resultado de la denuncia de una autoridad no competente. Se dice que el exprocurador acordó con los ministerios públicos de Gertz Manero presentar sus denuncias en viernes, de tal forma que pudiera firmarlas en domingo, en ausencia del secretario de Hacienda.

La misma situación se dio en la denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra los 31 científicos del Conacyt, firmada el domingo 15 de agosto por Carlos Romero. Por esta razón, los académicos también ganan con los últimos enroques del gabinete y, más aún, con un aparente desistimiento del titular de la FGR para involucrarlos en una causa penal, toda vez que ha enfocado sus baterías a otros asuntos también de índole personal.

En este contexto, el ganador es el secretario Ramírez de la O, quien a la callada ha logrado la salida de funcionarios clave del gabinete hacendario, como el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, y hasta el desistimiento del presidente López Obrador de proponer a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México.

El gran perdedor es el fiscal Gertz Manero, quien había encontrado en el exprocurador un aliado para judicializar carpetas de investigación y llamar a cuentas a personajes cuyos apellidos (como el caso de Gómez Mont) generaron estruendo en la opinión pública y le dieron un poco de aire al funcionario que, por seguir su agenda de temas personales, ha desatendido muchos otros de importancia para el país y la procuración de justicia.

 

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