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La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro , tiene de frente un año complicado en materia de recaudación. El crecimiento económico proyectado en 4.1% para 2022 no se cumplirá y tampoco la estimación de obtener los 3.9 billones de pesos presupuestados.
El promedio de los analistas estima un crecimiento de apenas 2% o 2.5% este año, si las cosas no se descomponen más. Esta presión ha llevado a la jefa del SAT a echar mano de todos sus recursos para alcanzar las metas recaudatorias. Los objetivos son, de nueva cuenta, los grandes contribuyentes.
La estrategia de Buenrostro ha ido más allá de los límites permitidos. La jefa del SAT se ha extralimitado en sus funciones y ha presionado al Poder Judicial para que falle a su favor.
En este espacio hemos dado cuenta de las reuniones privadas que sostuvo la jefa del SAT con el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el magistrado Rafael Azures , en el caso de la devolución de impuestos a la familia Azcárraga .
El viernes pasado, la Segunda Sección del TFJA, presidida por la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez , determinó que en la devolución del ISR a la familia de Carmela Azcárraga Milmo no se consideraran los recargos establecidos en los artículos 22 y 22-A del Código, por lo que se ordenó al SAT reintegrar a los contribuyentes la cantidad de 339 millones de pesos, y no los más de mil millones que se evaluaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo y recargos.
La semana pasada, la SCJN definió que el Grupo Elektra deberá pagar al SAT 2 mil 636 millones de pesos por la fusión, en 2006, de algunas de sus filiales. El cobro del SAT y la resolución del máximo órgano de justicia del país no consideraron la información presentada por el grupo de Ricardo Salinas Pliego , por lo que acudirá a instancias internacionales. La ministra que preside la Segunda Sala, la cual dictó la sentencia, es Yasmín Esquivel , muy cercana al gobierno federal.
En abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes empresas tenían deudas con la Hacienda pública por alrededor de 50 mil millones de pesos; no obstante, con las actualizaciones que establece el Código Fiscal de la Federación, los ingresos por estos cobros se elevaron hasta representar casi 6% de la recaudación total en los ejercicios de 2020 y 2021.
Walmart pagó 8 mil millones de pesos; FEMSA, 9 mil millones de pesos; BBVA, 3 mil 200 millones de pesos, y Grupo Modelo, 2 mil millones.
La agresiva cruzada del SAT por recaudar más tiene aterrorizados a pequeños y grandes contribuyentes por igual. Desde hace más de un año y medio estableció un modelo operativo nunca visto, digno representante de cualquier país autoritario.
Sin importar si el contribuyente tiene o no la razón, el objetivo final es recaudar más, aunque esto represente minar sus derechos.
El supuesto del SAT es que buena parte de los grandes contribuyentes son defraudadores fiscales. Por ello abrió expedientes fiscales a diestra y siniestra con el fin de intimidarlos.
Las carpetas fiscales y reuniones privadas han sido el método más efectivo para controlar y socavar la división de poderes, aun cuando sus tres principiantes cabezas no se llevan. Hablamos de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, el administrador de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez Dagnino , y Rosalinda López , administradora de Auditoría Fiscal.
Al Poder Judicial y a los jueces no les ha quedado de otra más que sucumbir ante las presiones del SAT. Hasta hace unos años era impensable que el garante máximo de los derechos privilegiará los intereses de una institución del Estado mexicano.
mario.maldonado.padilla@gmail.com