Pablo Gómez Álvarez se ha convertido en el rostro más incómodo de la reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum. No solo por su estilo frontal y poco conciliador, sino por la contradicción que encarna: es un político formado, impulsado y sostenido durante décadas por el mismo sistema que hoy pretende desmontar.
Economista, dirigente histórico de la izquierda y protagonista de múltiples transiciones partidistas, Gómez inició su carrera legislativa en 1979 como diputado federal de representación proporcional y ocupó una curul plurinominal en el periodo 1979–1982; volvió a llegar por esa misma vía en 1988-1991. Posteriormente fue diputado de mayoría en varias legislaturas y también senador. Buena parte de su capital político se construyó, precisamente, en un modelo de acceso al poder que hoy la iniciativa busca reducir o eliminar.
Su trayectoria tampoco ha sido lineal ni ajena a acuerdos con gobiernos de otros signos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto participó en los trabajos políticos vinculados al Pacto por México y respaldó reformas impulsadas desde aquel consenso multipartidista, lo que contrasta con la narrativa actual de ruptura con el pasado. “¡Ay, Pablo, tan colaborativo que fue en el Pacto por México!”, me dijo Peña Nieto en una de las entrevistas que le hice para el libro “EPN: Confesiones desde el exilio”, a propósito de las investigaciones que realizaba como titular de la UIF sobre su patrimonio. Esa historia explica, en parte, por qué dentro y fuera de Morena muchos lo ven más como un político del sistema que como un reformador.
El balance de su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco ayudó a fortalecer su credibilidad. Su gestión fue señalada por opositores y por actores del propio oficialismo como poco eficaz en términos de resultados. En la Comisión Permanente se llegó a señalar que, de alrededor de 800 denuncias presentadas por la UIF ante la Fiscalía General de la República durante ese sexenio, solo una fracción mínima se judicializó y con pocos resultados contundentes, lo que alimentó la percepción de inefectividad operativa bajo su conducción. A ello se sumaron cuestionamientos públicos por presunto nepotismo y por el uso político de investigaciones financieras, acusaciones que Gómez siempre rechazó, pero que dejaron una estela de desgaste y confrontación.
Su salida de la UIF no ocurrió en un ambiente de reconocimiento por logros, sino en medio del escándalo por los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas que debían ser revisadas y reguladas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Ya como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral —el pretexto para sacarlo de la UIF— su desempeño ha profundizado esa percepción. Desde el inicio marcó distancia con los partidos, a los que descalificó como estructuras cerradas que buscan preservar privilegios. La semana pasada minimizó la relevancia de los organismos autónomos al sostener que el árbitro electoral debía concebirse esencialmente como una instancia administrativa, no como un contrapeso con autonomía plena. Esa postura provocó reacciones inmediatas y obligó a la propia presidenta a matizar que la autonomía del INE no está en riesgo. El episodio dejó claro que el discurso de Gómez va un paso adelante del consenso político.
Su conducción del proceso tampoco ha sido incluyente. Las dirigencias del PVEM y del PT, aliados del oficialismo, han manifestado molestia por no haber sido incorporados a la discusión de fondo en las semanas previas a la presentación de la iniciativa. En la oposición el rechazo es mucho más abierto. Pero incluso en el Congreso y dentro del propio bloque gobernante existe incomodidad: diputados, senadores y operadores legislativos señalan que Gómez ha intentado incidir de manera excesiva en el contenido de la reforma sin construir acuerdos mínimos. Ni Ricardo Monreal ni Adán Augusto López lo consideran un interlocutor funcional para una negociación que exige consenso y control de daños.
A ese perfil se suma un flanco simbólico que ha sido utilizado para cuestionar su congruencia. Durante su etapa en el gobierno fue captado en restaurantes de lujo con vinos franceses, imágenes que circularon ampliamente en redes y lo que alimentó críticas sobre su distancia con el discurso de austeridad que suele enarbolar.
El resultado es que Pablo Gómez se ha convertido en un factor de fricción para una reforma que, de por sí, enfrenta resistencias políticas, jurídicas y electorales. Su historia como legislador plurinominal, su paso controvertido por la UIF, su respaldo previo a acuerdos como el Pacto por México y su estilo confrontacional como responsable del proyecto electoral colocan a la iniciativa en una zona de vulnerabilidad.
La figura de Pablo Gómez luce más como un catalizador de divisiones que como un articulador de acuerdos. Por ello se espera que, una vez que la iniciativa sea entregada al Congreso, su presencia se diluya y desparezca.
Posdata 1
Aunque en los últimos días se ha instalado la versión de que el Partido Verde ya habría “encarecido” su voto para la reforma electoral a cambio de futuras gubernaturas, en la coordinación del partido en el Senado, que encabeza Manuel Velasco, aseguran que aún no existe ningún acuerdo político. Tras la reunión privada del jueves entre liderazgos del partido y los pronunciamientos públicos de su dirigencia nacional, encabezada por Karen Castrejón, así como del senador Luis Armando Melgar, se dio por hecho que la postura del Verde sería la de no acompañar una iniciativa que incluya recortes a los legisladores plurinominales ni al financiamiento público de los partidos, y tampoco que fuera Adán Augusto López un interlocutor para esa negociación.
De acuerdo con fuentes legislativas, los puntos clave de la reforma se están revisando directamente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, antes de que la iniciativa presidencial sea enviada formalmente al Congreso. El mensaje del Verde es que cualquier definición deberá pasar por una negociación institucional y no por acuerdos informales. En el partido advierten que, sin cambios sustantivos al planteamiento original, el respaldo de sus votos no está garantizado, lo que vuelve a poner en duda la viabilidad de una mayoría calificada para una reforma constitucional como ésta.
Donde sí hay coincidencia plena es en el malestar hacia Pablo Gómez, a quien responsabilizan de haber tensado innecesariamente el proceso y de empujar una narrativa confrontativa que ha complicado los puentes políticos. En el Verde consideran que su papel en el diseño y la defensa pública de la reforma ha sido más un factor de desgaste que de construcción de consensos.
Posdata 2
Este lunes, Grupo Carso, de Carlos Slim, cerró un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de Fieldwood México, subsidiaria de la petrolera rusa Lukoil International, por 270 millones de dólares, además de asumir los 330 millones de dólares de deuda de la compañía, según informó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores. Con esta operación, Slim obtiene el control total de los campos petroleros Ichalkil y Pokoch en Campeche, activos de producción bajo el Área Contractual 4, y consolida su presencia en hidrocarburos en un contexto en que Pemex lucha por frenar la caída de su producción.
Este movimiento representa la continuación de una estrategia de expansión en energía que Slim ha impulsado en los últimos años. A través de su subsidiaria Zamajal, Carso formalizó previamente la adquisición del 100% de PetroBal, que tenía 50% de participación en esos mismos campos, y elevó su exposición en proyectos clave como el campo Zama (junto con Talos Energy) y el desarrollo de gas natural en Lakach. Además de las compras de activos, Slim ha firmado contratos de servicios con Pemex, incluido un acuerdo de casi 2 mil millones de dólares para perforar hasta 32 pozos en el campo Ixachi en Veracruz.
Sin embargo, las operaciones tardarán tiempo en tener impacto en el balance de Carso. BBVA advirtió el año pasado que las inversiones petroleras del conglomerado podrían tardar en convertirse en negocio significativo debido a retos técnicos, la baja rentabilidad y el tamaño relativo de los proyectos frente a contratos más lucrativos de infraestructura o servicios. Aun así, con la compra de Fieldwood México y el control absoluto de Ichalkil & Pokoch, Slim redobla su apuesta petrolera, en la coyuntura en que el sector energético mexicano busca atraer capital privado para compensar la caída de producción y financiar la exploración.
Posdata 3
La semana pasada, la Bolsa Mexicana de Valores solicitó formalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para deslistar las acciones de Grupo Elektra, al amparo de las facultades que le otorga su reglamento interior. La emisora permanece suspendida desde el 30 de septiembre de 2025, al no cumplir con el requisito mínimo de capital flotante —al menos 12% de acciones en circulación—. En la misma condición se encuentra TV Azteca, también suspendida desde hace meses y sin posibilidad de cumplir con los criterios de mantenimiento que exige la Bolsa.
El movimiento representa el avance administrativo más claro hacia la salida definitiva de Elektra del mercado accionario mexicano, un proceso que comenzó a finales de 2024 cuando los accionistas aprobaron su intención de llevar a la empresa a un esquema de privatización. Antes de la suspensión, el último precio de referencia fue de 373.10 pesos por acción.
La CNBV autorizó recientemente el desliste de Grupo México Transportes (GMXT), de Germán Larrea, lo que confirma que el regulador está dispuesto a validar este tipo de procesos cuando se acredita el incumplimiento sostenido de las reglas bursátiles. En ese contexto, el eventual desliste de Elektra no solo marcaría el cierre de un ciclo para una empresa del grupo de Ricardo Salinas Pliego, sino que vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del mercado accionario mexicano para retener emisoras grandes, la reducción de profundidad y liquidez de la BMV y la creciente tendencia de grupos empresariales a operar fuera del escrutinio del mercado público.
@MarioMal