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Ofrecen Caja Libertad en mil mdp… la de Collado

Mario Maldonado

La otrora poderosa caja de ahorro estaría en vías de desaparecer, por una historia vinculada con expresidentes y funcionarios señalados por corrupción

El negocio de Caja Libertad está en venta, luego de la mala suerte que acompañó a su expresidente, el abogado Juan Collado, relacionado a políticos priistas y detenido en julio de 2019 cuando salía del restaurante Morton's de la Ciudad de México en compañía del exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps.

A Collado se le imputaron delitos de defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos y se le congelaron cuentas por cerca de 80 millones de euros localizadas en Andorra, España.

Fue en 2014 cuando Collado se hizo del control de la llamada “cajas de cajas”, una de las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) más grandes del país, con activos cercanos a 10 mil millones de pesos.

Collado tuvo un desencuentro que fue más allá de los negocios con sus examigos Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, este último sobrino del exfiscal de hierro, Francisco Gil Díaz, quienes finalmente le entregaron el negocio, luego del escándalo de fraude de la empresa petrolera Oceanografía, de la que eran socios.

La influencia de Caja Libertad se expande por todo el Bajío. Surgió en 2013 como una caja de ahorro y hasta 2018 su valor de mercado ascendía a cerca de 7 mil millones de pesos, con un total de 1.5 millones de socios.
Ahora, los intentos porque la sociedad financiera quede en otras manos –y así negociar la posible salida de Collado del Reclusorio Norte– están en marcha de la mano de la 4T.

En la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se tiene ya la instrucción para que la Sofipo cambie de propietario y quede bajo el control de algún empresario sin malos antecedentes y cercano a la nueva administración.

El propio consejero, Julio Scherer Ibarra, ha tomado la encomienda. El precio de salida ronda mil millones de pesos, a pesar de que el valor de la sociedad llegó a ser en sus mejores años de unos 7 mil millones, de los cuales hoy se calcula que podrían valer por lo menos 5 mil millones de pesos.

La prioridad en la transacción es la rapidez, por lo que, según algunos testigos de estas ofertas, la operación tendría que estar finiquitada en este mismo semestre, o de lo contrario lo otrora poderosa caja de ahorro estaría en vías de desaparecer, básicamente por el lastre que le representa una historia vinculada con expresidentes y funcionarios señalados por corrupción.

De los cuatro últimos presidentes del Consejo de Administración de la Sofipo, tres han tenido serios problemas con la justicia: Juan Collado y José Antonio Rico se encuentran tras las rejas por la misma causa penal, la simulación de operaciones financieras por la supuesta compra del edificio sede de Caja Libertad, mientras que Martín Díaz se vio involucrado con el supuesto fraude de la naviera Oceanografía.

Como accionistas de este negocio, que previamente adoptó el nombre de Libertad Servicios Financieros, han pasado igualmente los nombres de los hermanos Francisco Xavier y Oscar Rodríguez Borgio, vinculados también con el caso de Oceanografía, a través de la naviera GGM Shipping, e investigados en algún momento por la venta de combustible robado a través de su red de Gasolineras Grupo Mexicano.

En la actualidad Libertad Soluciones de Vida opera bajo la presidencia de una exfuncionaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regulador del sector bancario. Se trata de Silvia Lavalle Henaro, quien ocupó la vicepresidencia de Supervisión de la Comisión durante el sexenio de Felipe Calderón y quien entró al rescate del negocio luego de la repentina aprehensión del abogado Juan Collado.

Además de mantener algunos valiosos contactos en la CNBV, Lavalle Henaro cuenta dentro de la firma con el apoyo desde la dirección general de Sergio Cruz, exvicepresidente de Banca de Consumo de Scotiabank, que ha incorporado al negocio estrategias propias del sector bancario, para mantenerlo a flote y dentro de la categoría 2 en cuanto a nivel de capitalización, es decir, con un riesgo moderado de operación y casi exento de medidas correctivas.

La dupla de ejecutivos ha incluso dado algunos campanazos, como la firma de un convenio de colaboración con Google para ofrecer mediante sus plataformas diversos servicios financieros.

Pero ni el esfuerzo ni las tácticas para rescatar el negocio podrían ser suficientes ante un nuevo régimen de gobierno que prácticamente ha decidido tener el control a través de grupos afines. 

Tabasqueña, tras la limpia de Palacio

Una empresa de Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, busca un contrato para el suministro de limpieza en Palacio Nacional. Nada tiene de malo que una compañía tabasqueña busque ganar la licitación, excepto porque ha sido denunciada por no dar prestaciones laborales.

Se trata de la empresa Decoaro y Supervisión, que busca el jugoso contrato que se decidirá este 14 de enero por la vía del outsourcing.
El caso no se centra únicamente en las promesas sobre las cuales el gobierno federal dejaría de entregar contratos por medio del esquema de subcontratación, sino que la firma no registraba contratos en Compranet hasta antes de 2019.

Al inicio del gobierno de AMLO se anotó un acuerdo por poco más de 14 millones de pesos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). En 2020 su actividad se intensificó. En el Inapesca se quedó con un convenio por 4.2 millones de pesos y en el Inapam otro por 2.7 millones de pesos, además de los 5.6 millones de pesos por el aseo del Instituto Nacional de Migración. El contrato más oneroso fue con la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, donde la limpia implicó un contrato por 33 millones 194 mil pesos.
 

@MarioMal
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