Notarios del ‘Cartel Inmobiliario’, bajo investigación

Mario Maldonado

Los notarios que surgen de las investigaciones son el 215, Uriel Oliva Sánchez; el 244, Celso Jesús Pola Castillo, y al menos un par más

Así como el llamado “Cartel Inmobiliario”, que se fraguó en la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, está bajo investigación de las autoridades financieras, fiscales y de procuración de justicia, otro presunto “cartel”, pero de notarios, también está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía capitalina.

Como se publicó en esta columna en dos entregas anteriores, el 15 y 22 de septiembre, el “Cartel Inmobiliario” utilizó una compleja estructura para beneficiarse con predios, propiedades y cambios de uso de suelo en la que habrían participado exfuncionarios de gobierno, empresarios y notarios, de acuerdo con las investigaciones a las que ha tenido acceso este espacio y las denuncias que ya presentaron la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Los notarios que surgen de las investigaciones son el 215, Uriel Oliva Sánchez; el 244, Celso Jesús Pola Castillo, y al menos un par más. El 23 de septiembre, los notarios aludidos negaron a esta columna tener conocimiento de investigaciones o denuncias presentadas en su contra y rehusaron haber cometido cualquier tipo de ilegalidad, mientras que el número 215 reconoció que ha tenido requerimientos por parte de la UIF.

La historia de amistad y relaciones de estos tres notarios data de por lo menos hace 20 años. Fueron los hermanos Alejandro Edgar Ruiz Herrera quienes propiciaron la relación, primero de amistad y luego de presunta complicidad con el equipo formado por Miguel Ángel Mancera, Simón Neumann Fausto Galván, estos dos últimos representantes legales de las desarrolladoras Baita y Dekah.

En sus inicios, las constructoras de Neumann y Galván compartieron oficinas en las mismas instalaciones donde operaba la Notaría 215, en Polanco.

Posteriormente, los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz Herrera se incorporaron a trabajar en las notarías 215 y 244, respectivamente. El notario Uriel Oliva Sánchez fue el encargado de constituir, a través del instrumento 16315, la empresa Dekah, propiedad de Neumann y Galván, así como de la inmobiliaria Dekah, relacionada con el exjefe de Gobierno de la capital y sus medios hermanos.

Las investigaciones y el congelamiento de cuentas del notario 215 han sido las que más rápido se han podido integrar, debido a que, por el monto de transacciones en instituciones financieras internacionales, ha sido más fácil identificar la trazabilidad de los recursos.

Dentro de estas instituciones se encuentra el Pershing, un banco con sede en Nueva York, el Franklin Templeton, con sede en Luxemburgo ―donde Uriel Oliva Sánchez presuntamente es accionista–, y Actinver Securities, ubicada en Houston, Texas.

A pesar de que dos de los notarios en cuestión dividieron sus actividades financieras y fiscales como personas físicas de las de sus respectivas notarías, sus ingresos y adquisiciones de inmuebles no coinciden con los ingresos que ambos han declarado, de acuerdo con las pesquisas.

Respecto de las investigaciones en torno al notario 244, además de su relación con el "Cartel Inmobiliario", se le vincula con actividades de presunto lavado de dinero a través de la SAPI (Sociedad Anónima Promotor de Inversión de Capital Variable) Family Office Polaries, de la cual es accionista.

Dicha empresa se dedica al envío de remesas entre Estados Unidos y México, y reporta el movimiento de grandes cantidades de recursos hacia cuentas del notario. De la misma manera, Celso Pola registra actividades financieras con Gustavo Antonio Zarate Ramos, mexicano identificado como inversor de capitales en diferentes paraísos fiscales.
También se sigue la pista de los viajes que los notarios han realizado a países considerados como paraísos fiscales, y de otros viajes a diferentes destinos como Cuba, Hungría, Turquía y Holanda.

Las investigaciones se están extendiendo a otros miembros del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, como el notario 122, Arturo Talavera Nutrique, quien fue el responsable de registrar los movimientos inmobiliarios de uno de los incondicionales y más cercanos a Miguel Mancera: Luis Ernesto Serna Chávez.

Heineken, con luz verde en BC

El reciente anuncio de la ampliación de la planta de Heineken en Tecate, Baja California, causó más sospechas que beneplácitos entre la comunidad empresarial, pues no es sencillo explicar cómo es que los diversos niveles de gobierno, y en especial los activistas defensores del agua en la región, dieron luz verde a este proyecto, mientras que se opusieron a la instalación en Mexicali de la planta de Constellation Brands.

En números, las nuevas dimensiones de Heineken significarán una inversión en el estado de 180 millones de dólares y la generación de 100 nuevos empleos; todo esto con el correspondiente incremento en la explotación del acuífero del Valle de Mexicali, el cual proyectaba abastecer la planta de Constellation, cuya inversión ascendió a mil 500 millones de dólares y un total de 30 mil empleos de nueva creación.

Funcionario del IMSS, bajo sospecha

En la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, y en otras dependencias del gobierno federal, se investiga a Alejandro Martínez Marquina, jefe de la Unidad de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a denuncias por acoso y hostigamiento laboral. Dicha situación encendió las alertas en instancias como Inmujeres, de Nadine Gasman Zylbermann; la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de Rosario Piedra Ibarra.

Este funcionario además percibe un sueldo superior a 103 mil pesos mensuales, de acuerdo con el portal Nómina Transparente de la SFP, es decir aproximadamente 8 mil pesos menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. También llama la atención que en un área prioritaria para el instituto que lleva Zoé Robledo, donde se atienden los temas relacionados con el personal de salud en plena pandemia, ocurran estas penosas situaciones, pues es bien sabido que enfermeras, médicos y personal administrativo trabajan a marchas forzadas para enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19 que afecta a miles de mexicanos, y que a la fecha suma más de 86 mil muertes.
 

Comentarios